La Fiscalía deberá revisar al menos una decena de delitos derivados del caso Sobornos 2012-2016 por disposición del tribunal que condenó a Rafael Correa y otros a ocho años de cárcel por posible cohecho pasivo propio agravado.

En los últimos minutos del anuncio de su resolución, el juez Iván León señaló que en el transcurso del juicio han aparecido datos relevantes que permiten presumir el cometimiento de otras infracciones; entre esas, peculado, enriquecimiento ilícito público, enriquecimiento privado no justificado, testaferrismo y concusión.

Los sospechosos serían Rafael Correa, Jorge Glas, Alexis Mera, Vinicio Alvarado, María Duarte, Wálter Solís, Viviana Bonilla, Pamela Martínez, Christian Viteri, ya sentenciados por cohecho agravado. 

Además presumieron la participación de Doris Solíz y Galo Mora, en calidad de secretarios ejecutivos de Alianza PAIS. Bonilla, a través de un comunicado, cuestionó la actuación de la justicia en el caso por el anuncio de la sentencia durante la emergencia sanitaria por el COVID-19, cuando existen miles de causas judiciales en espera.

A ellos se suman el empresario Tomislav Topic, de Telconet; Marcelo Herdoíza, de Herdoiza y Herdoiza; José Santos, exejecutivo de Odebrecht; la empresa Nexoglobal, relacionada con Pamela Martínez, entre otras. Topic señaló a EXPRESO que "estamos prestos a proporcionar cualquier información que nos requiera Fiscalía".

El juez ordenó que se oficie a la Fiscalía para el inicio de las investigaciones. Para ello se enviarán copias certificadas de lo actuado en el juicio, incluida la sentencia para la apertura de expedientes. Los jueces no descuidarán el tema y conminaron que "la Fiscalía deberá informar por escrito si está cumpliendo o no la disposición".

Durante las investigaciones del caso Sobornos, los defensores de los procesados se quejaron por una supuesta 'discrecionalidad' que habría aplicado la Fiscalía a la hora de investigar a los sospechosos de participar en la supuesta estructura criminal dedicada a la captación de aportes ilegales de empresas contratistas del Estado para las campañas Alianza PAIS. 

Y es que, según los archivos del denominado caso Arroz Verde, luego Sobornos 2012-2016, en la supuesta estructura criminal habrían estado involucradas al menos medio centenar de personas. La Fiscalía procesó y presentó cargos solo para la mitad de ellos. Situación que generó el rechazo de procesados como Christian Viteri. 

Marcelo Dueñas, abogado de Viteri, señaló que todo el tiempo se reclamó "la acusación selectiva de la Fiscalía y de alguna manera hasta la protección para otros de los involucrados que aparecieron en los cuadros".

Dueñas recordó que al final de la audiencia preparatoria de juicio la jueza Daniella Camacho ya llamó la atención severamente a la fiscal Diana Salazar por no incluir a todos los sospechosos en el proceso. 

Para Dueñas lo resuelto por el tribunal es, desde el punto de vista de los abogados, "un gravísimo llamado de atención otra vez a la fiscal que, en esta ocasión, no va a poder evitar procesar e investigar a quienes ella no lo hizo en su debido momento".

El abogado Jorge Acosta dice que está bien que se ordene investigar a otras personas "porque es evidente que Fiscalía solucionó a quienes acusar dejando fuera a personas en las mismas o peores situaciones". 

Acosta añade que con ello rompió el principio de igualdad sin que nadie sepa la motivación (que debe haber sido muy grande) por la cual decidió no vincularles. Refiere que esa desigualdad procesal fue uno de los argumentos de la mayoría de las defensas durante el proceso.

El tribunal, presidido por Iván León e integrado además por Iván Saquicela y Marco Rodríguez, no dio la razón a la fiscal Diana Salazar en su pedido de reducir en un 90 % la pena que debía aplicarse a Pamela Martínez y Laura Terán.

Los jueces hicieron una audiencia reservada para conocer el cumplimiento de las colaboradoras eficaces su acuerdo con la Fiscalía. En el anuncio de la sentencia León dijo que es una trama de corrupción que abarca su gravedad en la forma que fue estructurada. 

Consideró que Martínez fue partícipe directa como coautora y ejecutora directa de la trama de corrupción. Por eso la reducción no fue del 90 % como solicitó la fiscal sino solo del 40 % de la condena aplicada a los autores mediatos y coautores. 

Si la sentencia se ejecutoría, Martínez deberá cumplir 38 meses y 12 días (tres años, dos meses y 12 días). En cuanto a Terán, el tribunal estimó que su aporte más bien fue secundario, se limitó a los registros de la trama de corrupción en archivos de Excel. También le impuso la reducción de la pena en 40 % que le corresponde al grado de cómplice, eso fue 19 meses y seis días. 

El monto de daños y perjuicios se establecerá en la sentencia que pudiera notificarse por escrito a las partes en unos 15 días. La indemnización por daños materiales e inmateriales deberá contemplar los sobornos recibidos y pagados.

Para garantizar la reparación, el tribunal dispuso el comiso de los bienes inmuebles de los sentenciados. Para ese efecto se oficiará a los registradores de la propiedad del país. La lectura de la sentencia duró dos horas y siete minutos. Luego de lo cual los jueces se retiraron del octavo piso de la Corte. Desde sus domicilios y otras salas, los abogados que seguían la lectura del fallo a través de un sistema habilitado por el Consejo de la Judicatura quisieron anunciar la presentación de recursos pero los jueces se fueron. Los abogados se quejaron de una supuesta indefensión.