La fiscal general del Estado, Diana Salazar, estaba tan segura con la información de los chats obtenidos del teléfono celular del narcotraficante Leandro Norero, que trató de leer la mayor cantidad de textos de las más de 1.400 páginas de conversaciones con las que cuenta, pero el juez Felipe Córdova, de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), le pidió que concretara sus argumentos.

Al final, la funcionaria tomó datos de aproximadamente 200 hojas y pese a eso se explayó cinco horas para exponer su formulación de cargos en contra de los 31 detenidos por el delito de delincuencia organizada, en la denominada Operación Metástasis, ejecutada la madrugada del jueves 14 de diciembre de 2023.

Este caso surgió a partir de la información extraída de los teléfonos que el capo criminal Norero, apodado el Patrón, tenía dentro de la prisión desde el día de su captura, el 25 de mayo de 2022, en una mansión de Samborondón. Los dispositivos fueron obtenidos luego de que el individuo fue asesinado cinco meses después en la cárcel de Cotopaxi, el 3 de octubre.

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La audiencia en contra de los sospechosos, quienes fueron aprehendidos en siete provincias, se instaló aproximadamente a las 16:20 del jueves 14 de diciembre en la sede de la CNJ, en el norte de Quito, pero fue en la noche que la fiscal Salazar inició su argumentación.

Durante su intervención reveló las conexiones que existían entre la organización que lideraba Norero y las diferentes entidades que conforman el sistema que permite en Ecuador administrar y generar justicia, como la Fiscalía, Función Judicial y Policía Nacional, incluyendo a una autoridad de alto rango como Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura.

A algunos funcionarios de estas instituciones, el líder criminal presuntamente les daba órdenes directas para que se realicen asignaciones, sorteos y se emitan disposiciones legales para favorecerlo. Todo esto habría sido correspondido con pagos de dinero o de otro tipo, como una cadena de 8 mil dólares que habría entregado a la fiscal de Samborondón, María José Aguirre Carbo.

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Ella, durante la diligencia, no se refirió a esa supuesta dádiva, pero afirmó que las decisiones que ella tomó habrían sido bajo el conocimiento de la fiscal provincial de Guayas, Yanina Villagómez, quien a su vez habría conversado con Diana Salazar, para confirmar que proceda.

Estas declaraciones de la funcionaria circularon de inmediato a través de redes sociales, pero el Ministerio Público en su cuenta de X lo negó, sostuvo que era falso y le recriminó a la fiscal Aguirre que no dijera “que habría recibido una cadena que vale miles de dólares de la organización delictiva”.

En la intervención de Salazar, durante su lectura se hicieron algunas revelaciones vinculadas con hechos violentos y otros delitos que habrían sido cometidos por funcionarios. También se refirió a Daniel Salcedo, cuyo nombre saltó a la palestra pública durante la pandemia de COVID-19, cuando fue involucrado en presuntos actos de corrupción en la adquisición de insumos para el hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de Los Ceibos, en Guayaquil.

Dijo que el sospechoso fue presuntamente financiado por Norero y que este se hacía cargo de parte de sus negocios mientras el capo criminal se encontraba en prisión. Salcedo es considerado un prófugo de la justicia.

• Rechazaron ir a prisión

La fiscal Salazar solicitó prisión preventiva para 30 sospechosos, mientras que para otro pidió medidas diferentes porque se trataría de una persona adulta mayor.

Esta decisión de la funcionaria fue rechazada por todos los abogados defensores, quienes criticaron que se hubiera armado un caso de tal magnitud con apenas un informe que contiene conversaciones y los partes de detención. Ellos buscaban que sus representados se defiendan en libertad.

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