Al menos cinco autoridades y exautoridades locales son mencionadas en los chats del capo del narcotráfico Leandro Norero, divulgados por la Fiscalía General del Estado.

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Las conversaciones del Patrón desvelan su interés por los municipios y prefecturas para conseguir beneficios económicos de los procesos de contratación pública de las entidades.

Una de las primeras referidas es la actual alcaldesa correísta de Simón Bolívar, María Fernanda Vargas. En un chat entre Norero y Mayra Salazar, del 9 de agosto de 2022, consta su rol en la campaña de Vargas.

“El jueves es la inscripción de la candidatura en el Consejo Nacional Electoral (CNE)”, inicia la conversación Salazar, quien según la tesis fiscal era una operadora de Norero.

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Salazar le comenta al Patrón que será necesario “llevar buses para traer 100 personas, tengo que mandar a hacer banderas y hacerle el entrenamiento para que no hable tonteras”.

Ante la incredulidad de Norero, Salazar acota que “la gente la quiere (a Vargas)” y que, una vez haya ganado, “hay que adiestrarla”. Vargas, por su parte, ha negado haber tenido vínculo alguno con el Patrón.

Un mes después, en una conversación entre Norero y Marido (identificado por Fiscalía como Xavier Jordán) del 29 de septiembre de 2022, se abordan más respaldos.

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“Habla con el ruso, ñaño. Que no le esté metiendo gente a ese man de (Jaime) Estrada (entonces virtual candidato correísta a la Alcaldía de Manta)”, dice Norero a Jordán.

Jordán replica: “No le pares bola a ese hp que es pura lengua. El ruso no se mete en nada de nada y con nadie, solo estamos apoyando a la (Alexandra) Arce, la de Durán”.

Para ese momento, Arce, junto a otros asambleístas, habían renunciado a sus curules en la Asamblea Nacional, ganados en las elecciones de 2021, para poder participar en los comicios seccionales de 2023.

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Arce, quien actualmente es legisladora del correísmo, desmintió públicamente los chats. “Rechazo este tipo de noticias por cuanto yo no los conozco ni directa ni indirectamente”, soltó y dijo estar presta a colaborar con la investigación.

Norero y Jordán también hablaban de su interés en los municipios y prefecturas. “El prefecto de Santa Elena (José Daniel Villao) y el alcalde (de Salinas, entonces Daniel Cisneros) se creen esos hps República independiente, sabes”, soltó Jordán en un chat del 6 de septiembre de 2022, donde también pide a Norero “pegarles un susto”.

El malestar de Jordán era por el irrespeto de un presunto acuerdo con ellos. “Ese par de hps se les consiguió 12 palos (millones de dólares) para unas obras y se la dieron a otros, puedes creer”, dijo a Norero.

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“Es el 5% de 12 palos (millones de dólares), son 600 latas (miles de dólares) que tenían que dar (y) no dieron es v..., ni responden”, detalló Jordán en la conversación divulgada por la Fiscalía General del Estado.

En respuesta a este Diario, Cisneros indicó desconocer del tema. “En Salinas nunca hubo un valor extrapresupuestario o adicional a lo planificado por años”, acotó el exalcalde. Por su parte, el prefecto Villao dijo a este medio nunca haber mantenido contacto con Norero ni haber recibido dinero.

• Una ‘metástasis’ advertida

En enero de 2023, el entonces legislador e integrante del Frente Parlamentario Anticorrupción Fernando Villavicencio (+) denunció presuntos vínculos del narcotráfico en actores políticos locales.

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Según alertó Villavicencio, al menos 20 nombres de candidatos (para las seccionales de 2023), asesores y otros actores políticos tenían vínculos con el narcotráfico, entre ellos, Agustín Intriago.

Acorde al bosquejo de Villavicencio, empresas de Norero tenían contratos con el Municipio de Manta, entonces manejado por Intriago, quien para ese momento estaba persiguiendo su reelección.

• Xavier Jordán refuerza su demanda contra la fiscal Diana Salazar

El abogado del prófugo de la justicia Xavier Jordán, Richard Díaz, declaró que existen antecedentes de la demanda puesta en contra de la fiscal general Diana Salazar.

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Según indicó, en los archivos de la Corte de la Florida consta una demanda de 2017 de Carlos Pareja Cordero en contra de Salazar y Juan Sebastián Grijalva, quien habría sido perito de la Fiscalía.

“Se demandó por haber iniciado un proceso penal en Ecuador contra Cordero”, siguió y acotó que el juez encargado de la causa determinó la culpabilidad de Salazar y Grijalva.

La imputación era que Salazar, a través de Grijalva, “habría obtenido pruebas a través de cuenta de correo electrónico utilizando métodos fraudulentos”.

Esto, según dijo Díaz, será ubicado en la demanda civil contra Salazar, ya que “demuestra patrones”. Asimismo, se ratificó en hacer un peritaje en EE. UU.

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