Caso Garzón: Ecuador acepta ante la CorteIDH que hubo desaparición forzada

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Caso Garzón: Ecuador acepta ante la CorteIDH que hubo desaparición forzada

En audiencia de ayer, el Estado reconoció su responsabilidad

Foto CorteIDH
El Estado reconoce los hechos que fueron denunciados por la familia de Gustavo Garzón.CORTESÍA

Ecuador esperará las reparaciones morales y materiales que le imponga la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), tras reconocer su responsabilidad internacional en las acciones y omisiones que llevaron a la desaparición forzada del escritor Gustavo Garzón, ocurrida hace 30 años.

La CorteIDH, que tramita desde 2019 este caso, convocó a la audiencia pública final, que inició el miércoles con una primera sesión. Ayer, en el cierre de la cita, un equipo de la Procuraduría, en representación del Estado, dio a conocer su decisión a los magistrados del organismo judicial.

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"La Comisión solicita a la honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos que emita sentencia donde determine el alcance de la misma, a la luz de los hechos sobre este caso".Antonia Urrejola, representante de la CIDH

“El Estado ecuatoriano acepta que en el presente caso se ha configurado una desaparición forzada”, manifestó María Fernanda Álvarez, funcionaria de la Procuraduría.  Ella agregó que, en consecuencia, Ecuador reconoce su responsabilidad por la violación de derechos humanos en relación a la víctima y su familia, algo establecido en la normativa internacional.

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"Esta constatación nos compele a admitir las falencias de las autoridades nacionales en el presente caso".María Fernanda Álvarez, en representación del Estado ecuatoriano

Mencionó también que Ecuador se allana a las conclusiones de derecho que estableció el informe de fondo sobre este caso, elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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Ese documento determina que Garzón desapareció el 9 de noviembre de 1990 a manos de miembros de la Policía Nacional y en un contexto general de desapariciones forzadas por parte de agentes estatales en contra de personas identificadas como subversivas, pertenecientes a los grupos Alfaro Vive Carajo y Montoneras Patria Libre.

La Comisión concluyó en su informe que el Estado ecuatoriano es responsable por la violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial, previstos en la Convención Americana y en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

El Estado solicitó a la CorteIDH que otorgue a su allanamiento los efectos jurídicos pertinentes y que oficie las reparaciones correspondientes a las violaciones configuradas en el caso.

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En su intervención, Antonia Urrejola, representante de la CIDH, ponderó la decisión tomada por Ecuador: “La Comisión valora positivamente el reconocimiento y responsabilidad internacional realizado por el Estado ecuatoriano, el cual, sin lugar a dudas, constituye un paso positivo muy importante para la dignificación, justicia y reparación a la víctima y sus familiares”.

La presidenta de la CorteIDH, Elizabeth Odio Benito, al cierre de la audiencia recordó a las representaciones de la CIDH y de las presuntas víctimas del Estado que hasta el próximo 1 de marzo deberán presentar sus alegatos y observaciones finales. Será el paso final antes de conocerse la sentencia del organismo.