Corte Constitucional ordena la entrega de 'informe perdido' a viuda de general Gabela
Jueces acogieron la acción de protección para acceder al tercer producto de un perito que investigó el asesinato de oficial de la FAE
Este viernes 17 de febrero se hizo público el fallo de la Corte Constitucional en torno a una acción de protección que busca esclarecer el asesinato de Jorge Gabela, un general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), quien cuestionó la compra de unos helicópteros de la India en el Gobierno de Rafael Correa.
La acción de protección la presentó la Defensoría del Pueblo en contra de una sentencia que emitió la Corte de Justicia de Pichincha en 2018, que negó un recurso de apelación a un fallo de primera instancia.
En esa fase de la justicia ecuatoriana, Patricia Ochoa, viuda del excomandante de la FAE, buscaba tener acceso al informe final sobre esa muerte violenta, ocurrida el 29 de diciembre de 2010, que se la investigó inicialmente como un robo con muerte. El documento o "producto tres", como se conoció al informe, fue elaborado por el perito argetino Roberto Meza y su contenido estaba relacionado con la información de los autores intelectuales del crimen.
El perito dijo públicamente que ese informe lo entregó en julio del 2013 al Gobierno de Correa, en específico al ministro de justicia de entonces, Lenín Lara. Este confirmó que recibió el documento, pero aclaró que desconocía el sitio donde reposaba, pese a que esa cartera de Estado tenía la responsabilidad de resguardarlo.
Ahora, la Presidencia de la República debe entregar dicho informe a Patricia Ochoa luego de que se conforme un nuevo comité que debe contactar al perito Roberto Meza.
Por el asesinato del oficial de la FAE fueron sentenciadas cinco personas, en abril del 2012. Sin embargo, para la familia de Gabela quedaron varios cabos sueltos en torno al crimen.
Así también la Justicia investigó la adquisición de las siete aeronaves Dhruv, por un presunto delito de peculado, en contra de los exministros de Defensa de Correa, Wéllington Sandoval y Javier Ponce, y catorce oficiales en servicio pasivo y activo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE). Ellos fueron acusados por la fiscal general, Diana Salazar, como autores de supuestas irregularidades en el proceso de compra a la compañía Hindustan Aeronautics Limited (HAL), de agosto de 2008, por $ 63 millones.
Cuatro de los siete helicópteros se accidentaron, con saldos trágicos para las tripulaciones.
DECISIÓN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
La CC acepta la acción extraordinaria de protección y declara la vulneración de derechos en la sentencia de 1 de agosto de 2018 emitida por la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.
También pide que se llame la atención a la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha por su actuación dentro del proceso de acceso a la información pública.
De igual forma, se acepta la acción de acceso a la información pública propuesta dentro de la causa. Por lo que se deja sin efecto las sentencias dictadas el 19 de junio de 2018 por el juez de la Unidad Judicial de Tránsito con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha y el 1 de agosto de 2018 por la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.
En un cuarto punto, la CC ordena como reparación: Que la Presidencia de la República coordine y recabe la información contenida en el párrafo 99 para su entrega a la entidad accionante en el plazo de dos meses desde la notificación de esta sentencia. También dictamina que se le informe sobre la designación del comité que coordinará las acciones con el perito Meza.
Por otro lado, se detalla que el comité coordinará con ese especialista la entrega de un nuevo ejemplar del informe, con las certificaciones pertinentes, en el pazo de tres meses. Tras la entrega pública y oficial de este informe, la señora Patricia Ochoa Santos y a la Defensoría del Pueblo podrán formular las consideraciones u observaciones que estimen pertinentes en el término de 20 días y estas serán absueltas en el término de 30 días por el perito.
El organismo constitucional también ordena a la Fiscalía General del Estado y la Contraloría General del Estado que realicen una investigación en el marco de sus competencias para emprender las acciones sancionadoras correspondientes a los exfuncionarios que en su momento fueron responsables del manejo del informe.
La función ejecutiva también deberá ofrecer disculpas públicas.
