Imagen de archivo. Carlos Ochoa, exsuperintendente de Comunicación, es acusado de falsificación ideológica.

Carlos Ochoa recibe refugio de Mexico hasta 2020

El exsuperintendente de Comunicación y la exasambleísta correísta Sofía Espín tramitaban el refugio en Bolivia antes de la caída del exmandatario Evo Morales.

El exsuperintendente de Comunicación Carlos Ochoa y la exasambleísta correísta Sofía Espín estarían bajo protección del gobierno de México. Los dos tienen procesos pendientes en el Ecuador.

Ochoa es acusado de falsificación ideológica y Espín esperaba una fecha para audiencia preparatoria de juicio por oferta de tráfico de influencias a Diana Falcón, sentenciada por la tentativa de secuestro en Colombia del activista Fernando Balda. Ellos se encontraban desde el año pasado en Bolivia en donde tramitaban su refugio.

Se suman al excanciller Ricardo Patiño quien, en abril de este año, viajó a México antes que se le formularan cargos por el presunto delito de incitación a la rebelión por el que fue llamado a juicio. El juzgamiento del excanciller está suspendido hasta que se presente voluntariamente ante las autoridades judiciales o sea capturado.

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Ochoa habría recibido del gobierno un carné de refugiado desde agosto de este año hasta agosto de 2020. La salida de Ochoa a México se habría concretado en abril pasado mientras que la exasambleísta Espín habría viajado de Bolivia a Perú el 1 de noviembre y arribado a México el pasado 16 de noviembre.

En Bolivia la serie de manifestaciones por el supuesto fraude electoral que proclamó vencedor a Evo Morales para un nuevo periodo motivaron la salida del mandatario y su posterior refugio en el país centroamericano en donde fue acogido por el presidente de ese país.

EXPRESO consultó vía correo electrónico por información oficial del tema al embajador de Ecuador en México, Enrique Ponce de León. Hasta el momento no existe una respuesta.

Además de Patiño, Ochoa y Espín, México ha concedido protección a las exasambleístas correístas Gabriela Rivadeneira y Soledad Buendía, quienes se refugiaron en la Embajada de ese país en Quito en el contexto de la protesta indígena de octubre que dejó al menos nueve fallecidos reconocidos oficialmente por el gobierno y 11 según la dirigencia indígena y grupos de derechos humanos.

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