Cambuches de la mineria ilegal destruidos tras minga en Buenos Aires

El ruido de la madera que era cortada por machetes rompió el silencio en las montañas de la parroquia La Merced de Buenos Aires perteneciente al cantón Urcuquí de Imbabura,el fin de semana del 4 de agosto de 2019.

En el sector la fiebre del oro hizo que más de 10.000 personas de distintas nacionalidades levanten rústicas construcciones con madera, plásticos negros y zinc. Era noviembre de 2017. Ahora, casi dos años después, 1.056 uniformados entre cadetes, aspirantes y policías se juntaron en una minga para destruir los cambuches, covachas y casas que pertenecían a mineros considerados ilegales. La labor inició temprano el sábado 3 de agosto y debe concluir el mediodía de este domingo 4 de agosto.

La Feria, La Visera, Ciudad de Plástico, Mina Vieja, Mina Nueva, El Olivo y otros sitios desde donde por casi dos años se movieron cientos de millones de dólares alrededor de la extracción de material aurífero de manera artesanal, fueron echados abajo. Se contabilizaron 1.200 cambuches, 400 plantas eléctricas y tres centros de acopio del material. Algunos se redujeron a cenizas. En otros, los más cercanos al pueblo, hubo clasificación de material: plástico, madera, químicos, máquinas y otros objetos que serán trasladados a centros de acopio de material industrial y a los botaderos de Ibarra.

Aunque la maquinaria que fue abandonada en cada sitio por los mas de 5.000 mineros desalojados a inicios de julio en el operativo Amanecer Radiante denota una gran inversión, no hubo quién la reclame. Eso a pesar que la Policía permitió que los desalojados regresen al sector para su recuperación, señala el vocero de la Policía José Vargas. Lugareños de Buenos Aires creen que es de propiedad de venezolanos, colombianos y otros inversores que hace rato recuperaron su costo.

La minería ilegal en Buenos Aires surgió con la complicidad de finqueros, autoridades (policías, militares y políticos) y los propios mineros. Al menos eso señalan los parroquianos afectados por su cierre. Ellos en algún momento prestaron servicios para los mineros. Si no, señala un hombre de unos 45 años que pidió la reserva de su nombre, como pasó la maquinaria o los miles de extranjeros el puesto de control del Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (Gema), paso obligado en el sector de San Jerónimo para subir a Buenos Aires.

El vocero policial dice que hay pasos clandestinos, a lo que los parroquianos responden que hubo falta de controles. A eso se suman los finqueros que habrían cobrado entre 150 y 400 dólares por 30 metros de extensión en los que los mineros se instalaron a buscar oro.

En la Mina Vieja, hasta donde llegó el vocero policial y decenas de uniformados para la minga, también estuvo el subdirector de Inteligencia de la Policía, Renato González, constatando la situación. Ahí quedó la evidencia de la actividad registrada en cuadernos afectados por la lluvia y el sol. Nombres y pagos se escribieron con tinta azul. Byron, Manuel, Román y otros junto a cifras: 890, 990, 545. También hubo un “Luisa te amaré por siempre” junto a un poema del 13 de julio de este año que correspondería a un militar o policía asignado a la protección del lugar.

Restos de alimentos, cilindros de gas, cocinas, refrigeradoras, lavadoras, ropa, machetes, serruchos, combos, plantas eléctricas, motosierras, permanecen en la Mina Vieja.

Según Vargas, los cientos de sacos de tierra con material aurífero, las piedras que no fueron procesadas en las chancadoras y los materiales químicos encontrados, serán entregados a la Arcom.

El sábado volquetas y vehículos de la Prefectura de Imbabura llegaron hasta La Feria para llevarse el material. Previo a la minga hubo un barrido antiexplosivo efectuado por expertos del Batallón 68 Cotopaxi, ubicado en el sector de Sangolquí en Pichincha. Hace dos semanas los expertos militares encontraron dinamita, mecha lenta y otros componentes explosivos que fueron retirados del sector de la Mina Vieja para su destrucción. Los cadetes armaron sus carpas en una planicie desde la que se divisan La Mina Vieja, El Olivo y la Mina Nueva. Vargas reconoce que la labor no está concluida y harán falta más mingas.

Algunos en Buenos Aires aspiran que la presencia del Estado no concluya al final del estado de excepción y esperan resultados de las investigaciones que determinen quiénes propiciaron, financiaron e impulsaron la enorme inversión económica de manera ilegal. Los mineros ilegales, en cambio, esperan que termine el estado de excepción para volver. Pero esta vez anuncian que lo harán de forma silenciosa, por eso se mantienen en calma.