CAL conoció la solicitud de juicio político contra Ministra Núñez y pide informe

Presunto incumplimiento de funciones, inobservancia de instrumentos internacionales de derechos humanos, vulneración al debido proceso, discriminación, violencia de género y falta de cumplimiento de su rol de garante son las seis causales por las que la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, enfrenta una solicitud de juicio político.

Este pedido que fue presentado y firmado por El pedido está firmado por las legisladoras Jahiren Noriega (Revolución Ciudadana); Carla Cruz (Partido Social Cristiano); Mariana Yumbay (Pachakutik); Cristina Chávez, que es la alterna de la alianza ADN, César Umajinga cuenta con el respaldo de 43 asambleístas, cumpliendo así con el requisito constitucional de apoyo de al menos una cuarta parte de los integrantes de la Asamblea Nacional.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) anunció este 18 de noviembre de 2024 que avocó conocimiento de dicha demanda y que además fue revisada la solicitud de juicio político contra Sofía Hernández, exsuperintendenta de Economía Popular y Solidaria, planteada por el asambleísta Xavier Jurado. En este caso, se la acusa de incumplimiento de funciones durante su gestión.

Para ambos casos, el CAL ha solicitado a la Unidad Técnica Legislativa la elaboración de informes técnicos y jurídicos no vinculantes que determinen si las solicitudes cumplen con los requisitos legales. Estos informes deberán entregarse en un plazo máximo de tres días desde la notificación.

¿Por qué se pidió el juicio político a Núñez?

El pedido de juicio político contra Ivonne Núñez surgió tras la desaprobación de la Asamblea Nacional al proceso administrativo que resultó en la destitución de la vicepresidenta Abad. En su resolución, el Legislativo también exigió que la ministra comparezca ante el pleno para explicar los detalles de dicho procedimiento.

No obstante, debido al limitado periodo que le resta a esta Asamblea en funciones, es probable que en caso de que se apruebe el posible juicio sea tratado por los nuevos legisladores que resulten electos en las elecciones generales de febrero próximo.

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