El grito desesperado de ayuda expresado a través de un comunicado dirigido a la Presidencia y al Ministerio de Educación por parte del alcalde de Durán, Luis Chonillo, para instaurar las clases virtuales debido a la violencia criminal en la ciudad, es una muestra de las preocupantes cifras de asesinatos en el país.

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Del 1 de enero al 31 de junio del 2023 han fallecido 246 adolescentes y jóvenes entre 15 y 19 años. Una cantidad que representa un incremento del 76,56 % respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se dieron 137 casos según el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado y la Policía Nacional.

Y es que en 2022 el número de homicidios intencionales (como los llama la Policía) también ya presentaba una alarma que no se tomó en cuenta: casi se triplicaron los casos, pasando de 51 hechos dados en 2021 a los 137 del 2022 (revisar infografía).

A pesar de que este grupo etario representa solo el 6,84 % del total de muertes violentas en el primer semestre del año en curso, para el experto en seguridad Renato Rivera Ron lo más preocupante de dichos resultados es que nueve de cada diez fallecimientos fueron con arma de fuego.

Para la Policía Nacional, la mayoría de muertes responden a una relación con los grupos de delincuencia organizada y a la supuesta disputa de territorios por narcotráfico.

“Lo que hay que resaltar es que detrás de estas cifras, se demuestra la ausencia del Estado, lo que funciona como una ventana para que las bandas delictivas capten a estos menores. Los atraen con dinero fácil, dotación de armas, el engaño de ganar el liderato de un grupo y, por supuesto, la pertenencia a una familia o agrupación”, advirtió Rivera Ron.

Según las cifras del Ministerio de Educación, en el régimen Costa no se matricularon alrededor de 53.000 alumnos, según su informe dado en mayo pasado al inicio del periodo lectivo; mientras que en la región Sierra y Amazonía 38.238 estudiantes no regresaron a las aulas a recibir su derecho a educarse.

Para Rivera Ron, existe otro agravante: existe una especie de “secretismo” en los planes de política pública, lo que complica el determinar si fue o no efectiva la medida adoptada por el gobierno.

“Lo que siempre hemos visto es la presentación de programas, planes, proyectos, pero al final del día no vemos esa política pública, al menos en las ciudades más conflictivas. Eso también pasa por la falta de priorización en sus planes y la descoordinación entre las carteras de Estado, porque trabajan todas por separado”, argumentó.

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El estudio del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado reconoce que lo que le queda de tiempo al actual gobierno, no es suficiente para implementar cambios contundentes en el país. Pero recomienda apostar por intervenciones focalizadas. “Más allá de los 18 estados de excepción instaurados en dos años, se debe conquistar pequeños territorios y salvarlos de forma integral, desde (darle) servicios básicos hasta la garantía de la seguridad, incentivos laborales, salud, deporte y más”.

• Dato. Desde el año 2019, se ha pasado desde 41 casos a 246 muertes violentas de jóvenes. Se estima un aumento del 500 % en este tipo de crimen.

El proyecto de colegio seguro

En julio pasado el ministro del Interior, Juan Zapata, yla de Educación, María Brown, presentaron una iniciativa para que la policía coordine la seguridad y evite delitos en el interior y exterior de la infraestructura, pero no se han presentado resultados. “Hemos visto que existe un incremento de la inasistencia a clases... Esperamos que eso empiece a revertirse”, dijo Brown.

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