Una ausencia que les dejó descolocados. Los cuatro suplentes llamados a reemplazar a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que fueron censurados y destituidos por la Asamblea Nacional, no se presentaron este 24 de noviembre de 2022 al pleno para ser posesionados como principales.

Resignada, la vicepresidenta Marcela Holguín, de Unión por la Esperanza (UNES), quien presidió la sesión, pidió al secretario del Legislativo que constate si alguno de los convocados, Carlos Figueroa, Karina Ponce, Mónica Mendoza o Jaime Chugchilán, se encontraba presente. Al tener una respuesta negativa, dijo que quede sentado, de manera oficial, su ausencia.

No se trató de una sorpresa. Horas antes, Ponce hizo público un comunicado en el que anunciaba que no estaría, ratificó que ya fue posesionada y que esperará la resolución judicial en el tema, en referencia a la acción de protección que permitió que los consejeros Hernán Ulloa, Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo vuelvan a sesionar, el miércoles pasado.

Figueroa, por su parte, envió una carta al presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela en la que señalaba que, debido a responsabilidades profesionales previamente comprometidas, le era imposible estar en la sesión 816 del Legislativo.

Poco antes de la sesión, se conoció que Chugchilán también dio a conocer que debido a un proceso legal que hay en su contra, al que califica como “persecución política”, se encuentra fuera del país y, por lo tanto, pide que su nombre no sea tomado en cuenta para la posesión. Esto abre la posibilidad de que se titularice el siguiente de la lista, Olindo Nastacuaz, quien era promocionado por el correísmo en 2019.

De Moreira no se conoció justificación alguna, solo que tampoco estuvo presente, pero ella también ya fue posesionada oficialmente como vocal suplente del CPCCS.

¿Qué pasa ahora con el Consejo? Para Holguín, el organismo entró en una suerte de vacío jurídico y que se esperará que se haga oficial la renuncia de Chugchilán para ejecutar la posesión de Nastacuaz y propiciar que se una a Sofía Almeida, David, Rosero y Juan Dávalos y puedan sesionar los cuatro. “Por ahora hay un consejo a medias”, señaló.

El jefe de la bancada del Partido Social Cristiano (PSC), Esteban Torres, considera que en una vez que la Asamblea cumplió con su parte, no insistirá en volverlos a llamar y que la discusión se centra en si el propio CPCCS en una reunión podría llamar a los suplentes posesionados.

En tanto que, la oficialista Ana Belén Cordero aseguró que no hay a donde perderse porque hay una acción de protección que está recurriendo y que hace que la censura y destitución decidida por el pleno de la Asamblea no esté en firme, “por lo tanto, los cuatro consejeros de Participación Ciudadana siguen siendo consejeros”, aseguró.

Un cargamento de denuncias y quejas

Esteban Torres anunció que la Asamblea presentó dos noticias criminis a la Fiscalía denunciando un supuesto fraude procesal del juez de La Concordia, en Esmeraldas, que concedió la medida cautelar a los cuatro consejeros.

También, en contra de ellos por presumiblemente arrogarse funciones y cometer el delito de ejercer cargo público sin respaldo.

La tarde de este 24 de noviembre se envió al Consejo de la Judicatura una denuncia por error inexcusable en contra del juez de la Concordia.

Los legisladores de oposición no descartan, en el futuro, llamar a juicio político al ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, en caso de que use a la Policía Nacional para rodear al Consejo de Participación para impedir la actuación de algunos consejeros.