Aplausos y abrazos. Ibeth Estupiñan, María Fernanda Rivadeneira, Hernan Ulloa y Francisco Bravo, miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social volvieron a tomar sus lugares, pese a que una mayoría de la Asamblea Nacional los destituyó de sus cargos, la semana pasada.

Su ingreso a la sede, en Quito, la tarde de este miércoles 23 de noviembre estuvo acompañado por un grupo de simpatizantes, quienes aplaudieron a los vocales. El retorno se logró gracias a un juez del cantón La Concordia dictara, quien entregó una medida cautelar para impedir que el legislativo posesione a los reemplazos de los consejeros.

En la Asamblea, la noticia causó rechazo. Su presidente, Virgilio Saquicela, acompañado por correístas, socialcristianos, de la Izquierda Democrática, dijo que la resolución judicial era una intromisión de la justicia y adelantó que la desconocerá. “Rechazamos, como Asamblea, el intento de injerencia de la Función Judicial del primer poder del estadio, nos ratificamos con la convocatoria de mañana (jueves 24 de noviembre de 2022), a las 16:30 con la posesión de los cuatro nuevos vocales”, dijo Saquicela.

Por su parte, Hernan Ulloa, presidente del CPCCS separado dijo que no necesita el reconocimiento de la Asamblea, “más aún cuando ha permitido que los consejeros sean enjuiciados sin ningún informe. Cuando un procedimiento que se había acumulado en la Comisión de Fiscalización fue separado con tan solo una moción de un asambleísta y que en virtud de esto se haya perdido la objetividad y haya tenido un sesgo político para impedir que los consejeros puedan tomar decisiones”.

Ahora, Ulloa espera que la justicia fije fecha y hora para la audiencia de acción de protección presentada por él. En esa audiencia se espera conocer si la justicia respalda la decisión de la Asamblea o la pretensión de los vocales.