En cuestiones de transparencia, la Asamblea Nacional del Ecuador, no llega ni al 50% de la nota, según el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa de 2023.

El ranking se elabora con la participación de más de 30 organizaciones de la sociedad civil de quince países de la región. La Fundación Ciudadanía y Desarrollo es la contraparte ecuatoriana.

Según el análisis, en el tema normativo al Legislativo le hace falta contar con una legislación sobre cabildeo o lobby al interior de la propia entidad. Esto, para que los acuerdos y negociaciones sean transparentes y que incluso la ciudadanía pueda acceder a aquello.

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Sobre la labor de la Asamblea, el estudio señala que, por ejemplo, no hay un documento oficial y público que registre las faltas y asistencias al pleno; no se difunden las votaciones que se producen al interior de las comisiones especializadas; y tampoco hay un registro de los regalos y presentes que reciben los legisladores. Conocerlo puede ayudar a detectar si alguno tiene conflictos de interés en determinados temas.

Otro parámetro que se midió es la participación ciudadana y se encontró que no se fomentan consultas y audiencias públicas con la ciudadanía para conocer sus intereses; no existe un verdadero plan de Parlamento Abierto. 

“Se observa una publicación incompleta de información acerca de los Asambleístas, habiendo transparentado en un 50% sus planes, programas de trabajo y antecedentes profesionales”, dice el informe. Todas esa falencias hicieron que el año que concluye la Asamblea alcance una calificación de 42,5%.

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