Que se envíe atento oficio a la Dirección Provincial del Consejo Nacional Electoral (CNE), a fin de que certifique en qué momento concluye el Proceso Electoral de Elecciones Seccionales de Ecuador 2023. Fue la disposición de Rosario Freire, presidenta de la Corte de Justicia de Cotopaxi.

Ella tiene a su cargo el caso de posible delincuencia organizada que investiga la Fiscalía en contra del prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán, y otros, que se suspendió tras la inscripción del funcionario en los comicios seccionales de febrero.

El avance, en este caso, de la instrucción fiscal depende de que concluya el proceso eleccionario con la posesión de nuevas autoridades, que está prevista para próximo el 14 de mayo. Desde el mes pasado, el CNE puso en marcha un cronograma de actos oficiales para la entrega de credenciales, que concluirá el jueves 11 de mayo.

En el caso de Cotopaxi, ese acto en el que recibirá credenciales Lourdes Tibán, la prefecta de la provincia que sustituye a Guamán, será el próximo viernes 5 de mayo.

Guamán está consciente que su caso posiblemente se retome el 15 de mayo, según señaló a EXPRESO. Él entregará la Prefectura a la líder indígena que ganó las elecciones pasadas.

¿En qué etapa quedó el caso de Jorge Guamán? Aún debe seguir la instrucción fiscal, manifiesta. Él es sospechoso de posible delincuencia organizada junto con otras nueve personas, varios funcionarios del Gobierno Autónomo.

En julio de 2022, la fiscal Ruth Amoroso formuló cargos para Guamán y nueve personas. La Fiscalía habló de la existencia de una presunta estructura criminal, conformada por funcionarios públicos y personas particulares, que habría operado desde 2014 en Latacunga, La Maná, Salcedo y Pujilí, en la provincia de Cotopaxi, aprovechándose de sus funciones para facilitar la obtención de contratos a empresas previamente definidas.

Mencionó que, a cambio de esos acuerdos, la presunta organización delictiva habría recibido beneficios económicos que, a su vez, se emplearían en la compra de bienes muebles e inmuebles en diferentes partes del país, en nombre de terceras personas. Para la fiscal, otra de las formas de delinquir habría consistido en disponer de descuentos a los sueldos de funcionarios de la Prefectura sin una justificación del fin y uso entre 2017 y 2019.

Mientras tanto en la capital, el juicio de posible peculado que involucró a Jorge Yunda, el destituido alcalde que no obtuvo los votos necesarios para regresar a la Alcaldía de Quito, deberá empezar desde cero.

Aún no hay fecha de audiencia y los incidentes siguen en ese expediente que quedó en el limbo desde octubre de 2021, cuando Yunda recusó a uno de los miembros del tribunal que lo juzgaba junto a otros sospechosos del delito de peculado y que se encontraba en el día 15 del juzgamiento.

Cerca de un año demoró la resolución de la recusación. Todo el tribunal quedó apartado del caso por recusación e inhibición. Hubo un nuevo sorteo de tribunal y nuevos incidentes.

En esta ocasión fue la fiscal de Pichincha, Ruth Cecilia Amoroso, la que presentó la demanda de recusación en contra de Mónica Bravo, una de las juezas sorteadas para seguir con el juzgamiento del caso.

La fiscal encargada señaló que Bravo conoció y resolvió la apelación a la prisión que se dictó en contra de Lenin Mantilla y Juan Vinelli el 11 de enero de 2021, a las 18:45 y de Jéssica Cárdenas, Marco Rubio y Ximena Abarca, el 16 de marzo de 2021 a las 13:33.

Los jueces José Miguel Jiménez Álvarez (ponente) y Lady Ávila Freire aceptaron la recusación planteada por la fiscal provincial de Pichincha y dispusieron que por Secretaría se oficie a la Sala de Sorteos de la Sala Penal de la Corte Provincial, para la designación de un nuevo integrante del tribunal y continuar con la sustanciación de la causa. Así Bravo quedó separada del conocimiento del caso.

El pasado 21 de marzo, el tribunal recordó que el proceso se encuentra suspendido para los sujetos procesales, por cuanto uno de ellos participó en el proceso de elecciones populares último, y por mandato legal hasta que no se proclamen oficialmente los resultados, se suspende la continuación del trámite.

Marcelo Icaza, defensor de Jorge Yunda, señaló que no sabía nada del tribunal del caso de su defendido. Yunda, dos exsecretarios de Salud del Municipio y otros fueron investigados por el presunto delito que se habría registrado en la compra de 100.000 pruebas para detectar COVID-19 por parte de la Secretaría de Salud del Municipio de Quito.

Hubo otros que, con problemas judiciales pendientes, intentaron participar en las elecciones seccionales. Paúl Vélez quería ser alcalde de Muisne, a pesar de tener una condena en el caso del asesinado alcalde Wálker Vera, ocurrido en 2014.