Ofertas que se espera se concreten. Este 31 de enero se cumple un año del aluvión que afectó a La Comuna y La Gasca, en el occidente de Quito, que dejó 29 personas fallecidas, algo más de 500 damnificados y millonarias pérdidas materiales que aún hoy en día no han podido ser del todo reparadas.

Así como a las víctimas mortales, un buen número de ciudadanos tampoco se han podido olvidar de las causas que provocaron esta tragedia: el colapso de la quebrada El Tejar que arrastró piedras, troncos, escombros y todo tipo de basura que redujeron a nada las posibilidades de sobrevivir de quienes fueron atrapados por el alud.

Doce meses después, las quebradas siguen siendo una de las mayores preocupaciones de los habitantes de la capital que cada inicio de la época invernal ‘ruegan’ que ninguna, de las casi 200 que circundan la ciudad, vuelvan a desbordarse, más cuando hay la percepción de que poco o nada se ha hecho al respecto.

Esa misma sensación tiene el candidato de Revolución Ciudadana, Pabel Muñoz, que dijo que en muchos casos se han limitado a alambrar las zonas aledañas para evitar que sean botaderos de escombros, pero asegura que se puede y debe hacer más que eso. Propone el monitoreo con drones de las quebradas, entre otras acciones, y reconoce que se necesitarán muchos recursos, bien podrían salir en parte de la tasa de seguridad que también contempla este tipo de riesgos en Quito.

Pedro Freile, de la alianza UIO, dice que el tema quebradas será parte de las emergencias a las que apelará en los primeros meses de una eventual Alcaldía. Asegura que las intervenciones para intentar tener resultados deben darse por varios frentes.

“Es indispensable limpiar las cunetas de coronación de todas las infraestructuras sobre quebradas (...). “Pero no solamente por las quebradas en sí mismas, sino que ya tenemos identificadas algunas edificaciones, que con título de propiedad sin título de propiedad, están construidas en las laderas en donde los factores de riesgo solo son peores cada vez”, le dijo a EXPRESO.

El exconcejal y actual aspirante a la Alcaldía de Quito por Centro Democrático, Omar Cevallos, apunta a actualizar y mejorar el programa “laderas del Pichincha” que fue propuesto hace más de 35 años y que en la actualidad no se ajusta ni al crecimiento poblacional y tampoco a los riesgos cada vez mayores producto del cambio climático.

El aspirante por Izquierda Democrática (ID), Pablo Ponce, también apunta al control de las construcciones y asentamientos ilegales en las laderas del Pichincha que es la zona más riesgosa de la ciudad en materia de deslaves. Reconoce que parte de este y otros problemas es que no se hacen respetar las ordenanzas sobre la prevención de este tipo de riesgos naturales.

Luisa Maldonado, de Avanza, recordó que trabajó en la recuperación de quebradas en el sector de Quitumbe, en el sur de la ciudad, fueron convertidos en parques lineales en algunos casos y surgió la idea de crear la Corporación Vida para Quito.

“Voy a impulsar la creación de institucionalidad para obtener presupuesto y funcionarios a fin de recuperar las quebradas y los ríos de la ciudad. Es la mejor forma de evitar situaciones terribles como la de La Gasca o la amenaza constante en barrios como Caupicho (sur)”, señaló.

Patricio Alarcón, candidato por el Partido Social Cristiano, considera que una de las salidas es la reubicación de las personas que viven junto a las quebradas, para lo cual el Municipio de Quito contaría con recursos o podría hacer un convenio con otras entidades para facilitar el acceso a vivienda de los habitantes cercanos a ellas.

“Paralelamente, se debe inspeccionar regularmente para que no existan nuevos asentamientos. En el verano se debe limpiar las quebradas, limpiar los reservorios. Hay que resolver los dos problemas: viviendas e inspección”, propuso el aspirante.

Jéssica Jaramillo, postulante por el movimiento Todos, apunta a dos cosas: primero que el Municipio de Quito dé un mayor protagonismo a la Secretaría de Riesgos que, por ahora, es una dirección de la Secretaría de Seguridad y, por tanto, no cuenta con presupuesto propio. Lo otro es quitar la idea de que la quebrada es botadero de basura y convertirlas en espacios naturales.

Luz Elena Coloma, de la alianza Va por ti, recordó que en junio de 2021, meses antes del aluvión, se dio de baja un contrato para hacer mantenimiento de reservorios y que lo que se necesita es revisar esos procedimientos, evaluar si se necesita la ampliación de obras complementarias para la contención de flujos.

“Hay que retomar lo que en su inicio tuvo el proyecto laderas del Pichincha que es una comisaría de laderas que hacía una vigilancia y control exhaustivo. A eso se suma un trabajo muy intenso con la comunidad”, señaló.

Andrés Páez, de la alianza Sociedad Patriótica y Democracia Sí, dijo que si no se toman acciones inmediatas, lo ocurrido en La Gasca se puede repetir. Dijo que lo primero es hacer una evaluación de la infraestructura, pero además la instalación de sistemas de alerta temprana que permitan una pronta evacuación y otras medidas.

Natasha Rojas, de Unidad Popular, tiene no menos de cinco ejes sobre el tema. Como arranque dijo que se debe crear una unidad especial de atención a quebradas y laderas; lo segundo es implementar un plan de protección de ambas aplicando política de prevención.

En el caso de María José Carrión, del movimiento Amigo, y Jorge Yunda, por Pachakutik-Juntos por la Gente, su propuesta es la limpieza permanente de las quebradas, vigilancia y siembra de árboles en las laderas del Pichincha.