Amedrentamiento o amenaza a la Policía. Esa es la descripción que le dio la ministra de Gobierno María Paula Romo a la denuncia presentada por el ciudadano detenido en Tumbaco con armas y municiones. Romo anunció que, como en otros casos, se presentarán y comparecerán a los procesos. Pero la ministra espera que la investigación se dirija hacia donde tiene que estar que es a los investigados y no a los investigadores.

Este miércoles el ciudadano estadounidense-ecuatoriano Carlos Miguel de Miguel, representante de la empresa Hanrine Ecuadorian Exploration And Mining presentó una denuncia en la Fiscalía en contra de la ministra y de policías, una jueza y un fiscal. A través de su abogado Emiliano Donoso pidió investigar concurso real de infracciones entre las que citó fraude procesal, usurpación de funciones públicas, privación ilegal de libertad, intimidación y asociación ilícita.

Dijo que el domingo 26 de julio mientras descansaba en su domicilio ingresó un escuadrón de la Policía con una orden de allanamiento que, según él, no tenía motivación alguna.

Aseveró que, pese a demostrar los permisos y decir a los policías que las armas y munición son para las prácticas deportivas de tiro y otras armas cortas que se activan con una luz láser que no requieren permisos para la práctica de tiro, los policías "omitieron deliberadamente la información y decidieron aprehenderme minutos después de ingresar a mi domicilio".

Asegura que inicialmente pensó que era un malentendido pero luego "conozco que se trata del armado de una estructura estatal para perseguirme y montar evidencias ilegales a fin de atacar mi nombre y reputación por la actividad económica que realizo".

Donoso reconoció que su cliente tenía armas con permisos, unos vigentes y otros no, pero reiteró que lo que se castiga es la tenencia ilegal de las armas, cuando no se puede justificar la propiedad de las armas y justificó como ingresaron al país.

Insistió en que a su cliente le violaron sus derechos, estuvo detenido ilegalmente por más de 24 horas y que la ministra ha desinformado. Añadió que en plena audiencia de calificación de flagrancia "empezó a tuitear para presionar a fiscales y jueces, eso ya es muy raro y ella tiene otros intereses, como digo ya saldrán". Aclaró que no se prestaría para procesar a alguien por cuestiones políticas.

El domingo la ministra informó que tras un operativo en Tumbaco, la Unidad de Delitos con Armas, de la Policia detuvo a Carlos Miguel De Miguel con dos pistolas, un fusil, alimentadoras y más de 9.500 municiones.

El coronel Pablo León, subdirector de la Policía Judicial es uno de los denunciados. El oficial señaló que la Policía en el tema investigativo absolutamente todas las diligencias se realizan de la mano con Fiscalía y que las unidades especializadas pertenecientes a esa dirección no pueden dejar de verificar ninguna denuncia presentada de cualquier forma. 

Indicó que tampoco se puede menospreciar informaciones que estarían relacionadas con armas de fuego, "todas las investigaciones y las verificaciones le realizamos de la misma manera sin tratar de afectar a ninguna persona".

León añadió que el trabajo de la Policía termina en una audiencia de calificación ante autoridad competente en donde se presentan todos los indicios encontrados en un allanamiento y son jueces y fiscales quienes tienen la última palabra de acuerdo a los indicios presentados de la investigación. Los operativos policiales de control de armas que hacen los policías y militares son constantes. El martes, por ejemplo en Guaranda, Bolívar, dos mujeres fueron aprehendidas tras encontrarse ocho armas en el vehículo en el que viajaban.