El alto costo de rehabilitar
El ingreso a una clínica para tratar adicción cuesta más de $ 1.000. Dos centros con licencia hay en Guayaquil, pero se necesitan 500 para atender la demanda.
El olor a comino y tomate que salía de la cocina del Centro de Recuperación Integral de Adicciones (Criad) atravesó el comedor y llegó hasta la sala de terapias.
Uno de los 10 pacientes con problemas de adicción a las drogas que escuchaban la mañana de ayer a la psicóloga Iris Castillo, se sobó el vientre.
A las 10:30, la chef María Fernanda Arreaga se metió a la cocina de esta clínica de rehabilitación, ubicada en el norte de Guayaquil, para preparar el almuerzo: enrollado de atún.
A ella la asiste una nutricionista, que verifica la alimentación de los internos, que actualmente son 21, a pesar de que el lugar tiene capacidad para 30. Sin embargo, de ellos solamente ocho son pacientes privados.
Los 13 restantes llegaron allí derivados por el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas del Ecuador (Issfa) y el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol).
Uno de ellos es Ramiro (nombre protegido), militar de la Fuerza Aérea del Ecuador (FAE), que tiene cuatro años en el centro por problemas de adicción al alcohol y a la cocaína.
Mientras espera que el enfermero le haga una inspección de rutina en el consultorio polivalente del lugar, disfruta de la combinación de condimentos que perfuma la planta baja de la clínica. Solo en ese piso hay dos consultorios, la sala de terapias, el comedor, la cocina, el área de limpieza y el área recreativa, que tiene piscina y gimnasio.
Estos son algunos de los requisitos que debe cumplir una clínica de rehabilitación para poder obtener el permiso de funcionamiento que otorga la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess). El Criad es una de las dos en Guayaquil que obtuvieron la licencia hasta el 2022.
De manera informal laboran más de 90, según representantes de estos centros no legalizados, porque no tienen los recursos ni la ayuda para poder montar y contratar la infraestructura y el personal que les determina el organismo.
Aldo Rimasa, gerente general del Criad, recorre junto a EXPRESO las ocho habitaciones donde descansan los internos. Cada una con baño, acondicionador de aire, ventiladores, veladores y cajoneras.
Él tiene 12 años como consultor de drogodependencia y calcula que para suplir la demanda de personas que requieren tratamientos para la adicción a las drogas, solo en la urbe porteña, se necesitan al menos 500 clínicas de rehabilitación con las características que determina la Acess.
No obstante, la mensualidad que debe pagar un paciente que esté dispuesto a seguir el tratamiento, que consiste en permanecer seis meses como interno y seis en la modalidad ambulatoria, sobrepasa los $ 1.000.
Quienes no pueden pagar este monto pueden tratar de obtener un cupo en un centro especializado y legalizado a través del Ministerio de Salud Pública (MSP), o recibir tratamiento ambulatorio básico o intensivo, según su complejidad, en los centros de salud de esta entidad.
El problema, apunta Rimasa, es que la recuperación tiene que ser integral. Es decir, a un paciente deben atenderlo diferentes especialistas. En esta institución trabajan 23 personas, entre enfermeros, médicos, psicólogos y terapeutas.
Pero otro inconveniente es que, a nivel nacional, hay 32 centros con permisos hasta 2022 y siete con licencia condicionada, que a criterio del experto son insuficientes para la demanda.
¿Qué queda? Las clínicas informales o en vías de obtener la licencia. Pero algunas no prestan las condiciones de seguridad y de habitabilidad adecuadas para los internos. Como en el caso del establecimiento que se incendió el pasado viernes en el suburbio de Guayaquil, que dejó 18 internos fallecidos.
El gerente levanta la mirada y señala los detectores de humo instalados en el techo del Criad. Adicional a eso, tienen 13 extintores distribuidos en toda el área. Vuelve a insistir en que todo esto es parte de los requisitos para la licencia.
Calcula que para abrir su establecimiento hace cinco años, junto a los otros cuatro propietarios del lugar, la inversión superó los 150 mil dólares.
A las 11:30 el olor del hervor del refrito para los enrollados de atún ya se ha regado por las tres plantas del centro de rehabilitación. Los internos están terminando la terapia con la psicóloga, se abrazan y elevan una oración.
El gerente los mira y sugiere que la adicción a las drogas tiene que ser manejada como una política de Estado. Una alternativa es que se realicen convenios con instituciones privadas, para que quienes no tengan recursos económicos puedan acceder a un tratamiento que sea adecuado y legal.
“Esta es una enfermedad que no respeta condición social ni económica. Si va a zonas de clase alta, encuentra (por lo general) adictos a la cocaína y a la heroína. Si va a los suburbios, hay consumidores de H”, comenta y se retira. Es la hora de almorzar.
