El tiempo se detuvo. Los trabajadores de la empresa Furukawa en Santo Domingo de los Tsáchilas viven encerrados en campamentos construidos por la misma empresa hace cincuenta años, y en los que no hay luz, agua ni un retrete. Además, tiene cercas y las puertas en los caminos pasan con candado. Desde la vía que va para Quevedo hasta el campamento 41, lleva dos horas ingresar caminando.

La empresa Furukawa, que cuenta con capital japonés, se dedica a la explotación de abacá (planta que se usa para la elaboración de papel especial) la cual fue denunciada justamente por tratos inhumanos con sus empleados. Al momento la empresa está suspendida.

Este tema se conoció en febrero de 2019, cuando la defensora del Pueblo, Gina Benavídez sacó a la luz la problemática de los trabajadores. Han pasado siete meses y las cosas siguen igual. En un recorrido realizado ayer por este medio junto a varias autoridades, se constató la situación en la que permanece la gente en los campamentos.

Las viviendas son galpones divididos en cuartos de no más de tres metros cuadrados en los que viven familias completas de hasta diez personas entre adultos, adolescentes y niños En el lugar también está instalada una cocina.

En este lugar existen familias que por generaciones han trabajado sin que se les pague una remuneración completa, sin seguridad social y sin las mínimas condiciones de seguridad para el trabajo, ni de salubridad.

Es el caso de Walter Klinger de 73 años y su hijo José de 32. Walter lleva toda una vida trabajando para la empresa donde lo llevó su padre quien murió en el lugar.

“Esto ha sido muy duro, he trabajado para la empresa Furukawa toda mi vida sin que nunca me reconozcan nada”, dijo.

José relata que siempre vio a su padre y a su abuelo salir a trabajar desde la madrugada y regresar entrada la noche para ganar 30 dólares semanales, si cumplían con la meta que nos imponía la empresa.

Le llegó el turno a Luis, que desde los ocho empezó a ayudar a su padre junto con sus hermanos para reunir más dinero para subsistir. “No podíamos salir a vivir en la ciudad porque cada arriendo costaba 50 dólares y no les quedaba para comer”, afirmó.

En tanto, Deysi Cedeño de 40 años, ha trabajado por 15 años para la empresa extranjera y tiene cuatro hijos, uno de ellos con insuficiencia renal, y al que tuvieron que extirparle un riñón.

Cuenta que para reunir dinero cogía el tendal (recoger los hilos que salen de la planta) y burriaba (cargar los burros con los troncos que quedaban de la planta y llevarlos hasta la procesadora ) con lo que lograba reunir 100 dólares en la quincena y cubrir los gastos. Deysi es madre soltera.

Es tan precaria la situación de las personas en el lugar que hay gente como Luis Miguel Preciado Jama, que a sus 28 años no tiene cédula de identidad y por tanto, no tiene un contrato de trabajo, ni está afiliado a la seguridad. Él llegó desde Esmeraldas en donde la empresa Furukawa también tiene otra sucursal, al igual que en Los Ríos.

Las historias se repiten a cada paso; sin embargo, también hay relatos de superación. Ángel Cedeño de 65 años, es padre de diez hijos y cuenta que para que sus hijos pudieran asistir a la escuela, salía a las 05:00 para llegar a la escuela a las 07:00 y que reciban clases. “Casi todos los días llegábamos atrasados y tenía que rogarles a los profesores para que los deje entrar”, señala. Las fuerzas solo le alcanzaron para dar de estudiar a cinco de sus hijos.

Ahora Ángel está fuera de la empresa. Sus hijos le sacaron y le ayudaron a hallar otro empleo.

Para el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, lo hecho por la empresa Furukawa es inhumano. Hay una clara muestra de precariedad laboral y es una forma de esclavitud. En diálogo con EXPRESO, dijo que va a presentar una denuncia contra Furukawa ante el Ministerio de Agricultura para que inicie el proceso de expropiación de las tierras, a fin de que se les entregue estas tierras a los trabajadores. Mientras tanto, la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea tiene previsto elaborar un informe que será presentado al pleno de la Legislatura para tomar decisiones al respecto de la observación realizada en territorio.

Protección Judicial

El pasado 3 de septiembre, el juez de la Unidad Penal de Santo Domingo de los Tsáchilas emitió una medida de protección en favor de los trabajadores de la empresa para que no sean intimidados por los empresarios. La medida de protección la solicitó la Fiscalía, dentro de la investigación previa por trabajos forzosos u otras formas de explotación laboral.