Manuel Chitupanta, realizando el labreado de la tierra en sus parcelas.

Solo los adultos mayores se quedan en el campo

El dinero que su esposo Manuel Chitupanta lleva a la casa, es insuficiente. Tiene tres hijos, dos de ellos menores dependientes de la pareja.

Las dificultades económicas y falta de fuentes de empleo no son exclusivas de las ciudades. María Toapanta, residente de Pujilí, provincia de Cotopaxi, está viviendo la dura experiencia de encontrarse desempleada, no le renovaron el contrato en el Centro de Salud de su ciudad, donde laboraba a medio tiempo.

El dinero que su esposo Manuel Chitupanta lleva a la casa, es insuficiente. Tiene tres hijos, dos de ellos menores dependientes de la pareja.

Sostener la casa, las tierras y el cuidado del ganado es imposible con los 100 dólares semanales que percibe el hombre de la casa. Por eso María está obligada a trabajar.

Cuando le dijeron que ya no regrese a su puesto en el Centro de Salud, buscó otra fuente de ingresos, incluso pensó en dedicarse íntegramente a trabajar la tierra y sacar de allí alguna ganancia, consciente de lo difícil que esto sería, pues los ingresos de la actividad agropecuaria en el sector son muy bajos.

Por eso Manuel decidió dejar la tierra y buscar una alternativa, viajó a Quito para trabajar en la feria libre de La Ofelia, al norte de la capital. Desde entonces lleva cargas de más de 100 libras sobre sus espaldas, empuja un triciclo, arma carpas, lava papas, realiza cualquier trabajo pesado por unos cuantos dólares, de jueves a sábado. Esto le reporta 100 dólares cada semana.

Ella logró instalar un puesto pequeño, los intermediarios que entregan productos los días jueves le proveen de verduras y legumbres. Cada semana lleva 30 dólares a la casa, algo distante de los 200 con los que aportaba antes cada mes, pero “siquiera ayudo”, dice Toapanta.

Las historias de Manuel y María se repiten en Cachi Alto, una pequeña población de Pujilí, en la provincia de Cotopaxi. En el área rural, en las zonas altas, de acuerdo a los mismos datos oficiales, alcanza el 90 %. Esto obliga a emigrar a los habitantes del área rural, especialmente a los campesinos e indígenas en busca de alternativas de supervivencia. (F) YIE