Acuerdos reparatorios

El 10 de diciembre de 1950 fue establecido por la Asamblea General de la ONU como Día Internacional de los Derechos Humanos, para difundir los valores consagrados en la Declaración Universal de esos derechos, proclamada por el mismo organismo en 1948. Un par de días antes del aniversario 67 de esta conmemoración, la ministra de Justicia Rosana Alvarado suscribió siete acuerdos reparatorios con víctimas y familiares de graves violaciones a los derechos humanos, documentados por la Comisión de la Verdad, creada en el gobierno de Rafael Correa. “Es imposible conseguir la justicia de hechos que nunca debieron suceder, tenerlos en el olvido también es una violación y esta reparación es lo más cercano a la justicia. En las aproximaciones a la justicia, está la reparación. Podemos decir que no hemos querido dejar en la desmemoria y el olvido estos hechos que no se pueden repetir”, expresó la ministra, señalando que desde mayo hasta el 7 de diciembre del 2017 se firmaron 64 acuerdos. Pero el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), con sede en el Puerto, presidido por Billy Navarrete, que cumple desde hace años una denodada labor, tramita una queja en la Defensoría del Pueblo Zonal por la muerte del reo Luis Reascos Rosero, enfermo de VIH, quien desde su ingreso a la Penitenciaría el 25 de abril de 2017 no recibió los medicamentos antirretrovirales que debía y murió el 21 de noviembre de tuberculosis y meningoencefalitis. Ya antes, el 15 de diciembre pasado, rechazó enérgicamente la orden del juez que al realizarse la audiencia de juzgamiento a 42 policías por el delito de tortura en el Centro de Rehabilitación Social Turi, en Cuenca, dio la orden de que el defensor de Derechos Humanos, Luis Saavedra Mendoza, abandone la sala. El CDH considera que estos hechos cuestionan los procedimientos judiciales y el principio de publicidad, indispensables cuando el Estado es acusado de violaciones de DD. HH. Siempre la lucha por el respeto de los derechos humanos o la investigación de sus violaciones y el castigo de los culpables ha sido tarea dura y sumamente peligrosa, como ocurre en México, El Salvador y Colombia, y como pasó hace pocas décadas en las dictaduras de Argentina y Chile.