No hay excusas. Tras la aplicación de la denominada muerte cruzada, las propuestas del presidente Guillermo Lasso se toparon con un nuevo ‘obstáculo’: la Corte Constitucional. Hasta el momento, de los cuatro decretos ley que ha enviado el Ejecutivo, solo uno ha tenido visto bueno de la Corte (impuestos), mientras el resto (zonas francas, créditos educativos y ley de quiebras) no.

Además, uno de los últimos pronunciamientos de la Corte se posó sobre el acuerdo comercial firmado con Costa Rica. En su fallo, la entidad instó al Gobierno a que subsane la inconstitucionalidad de parte del tratado.

Aunque para el régimen de Lasso el actuar de la Corte Constitucional ha sido extralimitado y alejado de las urgencias nacionales, parte de los presidenciables considera que ha sido un actuar responsable.

EXPRESO intentó contactarse con Luisa González (correísmo), Daniel Noboa (alianza ADN), Bolívar Armijos (Amigo) y Xavier Hervas (RETO), pero no dieron una respuesta a la pregunta planteada.

Uno de ellos es Yaku Pérez, carta de la alianza Claro Que Se Puede, quien sostiene que las funciones que ejecuten la Corte deben sostenerse bajo los principios y garantías constitucionales, y no debe intervenir en asuntos de orden político.

“Es el máximo organismo de justicia en el país y está cumpliendo con su rol de garantizar la Constitución y los derechos de las y los ecuatorianos”, agrega Pérez.

En la misma línea, Otto Sonnenholzner, aspirante a la presidencia, cree correcto el accionar de la Corte Constitucional con los decretos enviados por Guillermo Lasso y apoya la independencia de poderes.

“Si bien estamos en una situación particular después de la muerte cruzada y la disolución de la Asamblea Nacional, es importante que la constitución se haga respetar con la división de poderes y los controles constitucionales entre dichos poderes”, destaca Sonnenholzner.

Por su parte, Jan Topic, de la Alianza por un país sin miedo, explica que primero la Corte Constitucional debe revisar si el decreto ley es urgente en materia económica. Segundo, debe verificar que ese decreto no “caiga en contravención constitucional” (que no sea inconstitucional).

En el tercer punto, manifiesta que “el caso Lasso nos descubre que la integración de la Corte podría, por cuestiones de ideología, resultar una traba para la gestión del presidente-legislador. Es difícil hablar de extralimitaciones cuando se trata de íntimas convicciones de los magistrados, así como es fácil dejar la responsabilidad en la Corte cuando no se alinea con los decretos ley remitidos a su control”, acota.

El candidato vas más allá y cree que más que un caso de “extralimitación” de la Corte de la República y si este es del agrado o no “Ecuador vive un caso de “subejecución” del Ejecutivo que, busca justificar en las negativas de la Corte todas sus omisiones de gestión”.

Por su parte, Fernando Villavicencio, presidenciable por el movimiento Construye, difiere del resto de candidatos y sostiene que la Corte Constitucional, más allá de las deficiencias del presidente Lasso, sí se ha extralimitado en sus funciones y desconocido la realidad nacional.

“La Corte Constitucional da la espalda al empresariado de este país. La Corte Constitucional ha reeditado el rol de bloqueo y conspiración de la Asamblea Nacional. La Corte Constitucional está por encima del bien y el mal, por eso le dicen la corte celestial”, sostiene el exasambleísta cesado.

El actuar de la Corte, según continúa, motiva a repensar la institución e, incluso, la necesidad de que sea reemplazada por otro órgano. “Una reforma política profunda del Estado debe avanzar a eliminar la Corte Constitucional y crear una Sala Especial Constitucional de la Corte Nacional de Justicia, en el marco de un estado de derecho”, señala el presidenciable del movimiento Construye