Un trato especial. Eso es lo que ha recibido Sinohydro desde que llegó al país, hace 11 años.

La constructora estatal de China ha resistido los escándalos por el posible pago de coimas a funcionarios del gobierno de Rafael Correa y los derivados por la construcción de la Hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, cuyas fisuras en los ocho distribuidores de agua amenazan la seguridad y perdurabilidad de central de energía eléctrica más grande del país.

Lejos de que estos hechos resultasen un problema, Sinohydro ha seguido contratando con el Estado y se ha beneficiado de obras por $ 2.270 millones, según la información entregada por el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) a este Diario.

Solo en lo que va de este año, la firma ha obtenido cuatro contratos para la edificación del sistema de agua potable en La Troncal, en Cañar; para mejorar vías y edificar el sistema de agua potable y alcantarillado en Santa Elena; y para proveer de maquinaria pesada al Municipio de Santo Domingo.

Con Odebrecht, la vara de medir fue diferente. El Estado aplicó sanciones apenas estalló el escándalo sobre un pago de sobornos. Prohibió que cualquier entidad pública firme acuerdos con la compañía brasileña y ante las fallas en la construcción del Poliducto Pascuales-Cuenca, que amenazan su hundimiento, congeló las planillas de los pagos.

Con Sinohydro todo ha sido beneficios. Los 22 de los 23 contratos que ha firmado en estos 11 años han sido por régimen especial, una figura que le permite ser el único proveedor. Y en un caso se usó la contratación de emergencia o adjudicación a dedo.

Por esta última vía arrancó el contrato para adquirir 26 unidades educativas prefabricadas, que debían instalarse en las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril del 2016. El valor era de $ 9,6 millones y el proyecto fue impulsado por Augusto Espinosa, entonces ministro de Educación.

La Contraloría auditó la obra y halló irregularidades. Nueve unidades educativas presentaban fallas de construcción en el área de los baños. El piso no tenía una adecuada pendiente y en varios casos los sumideros no efectuaban una función eficiente para evacuar el agua.

Esto causaba que exista filtraciones a través de las paredes prefabricadas. La firma asiática dijo a Contraloría que las fallas eran por el uso y se negó a costear los $ 3,1 millones para las reparaciones.

En 2019, cuando el caso Sobornos reveló una red criminal, según la justicia, liderada por Correa, Sinohydro firmaba con el alcalde de Puyo, Oswaldo Zúñiga, un acuerdo para prolongar la av. González Suárez en Puyo, en Pastaza. El valor: $ 4,1 millones.

En el juicio, la Fiscalía imputó cargos por cohecho en contra de Cai Runguo, quien fuera representante de la firma y el embajador chino en Ecuador. Pero más adelante se lo dejó fuera.

Su sobreseimiento fue ordenado por la jueza Daniella Camacho, de la Corte Nacional de Justicia. El argumento era que, si bien en la investigación se hallaron facturas con las que Sinohydro financió actividades proselitistas de Alianza País a cambio de asegurarse contratos, las fechas de los desembolsos eran anteriores a cuando Cai Runguo era representante de la compañía.

“Se debe investigar al apoderado de Sinohydro a la fecha de las facturas”, dijo la jueza en la audiencia de llamamiento a juicio, en enero del 2020.

Para septiembre de ese año, la compañía recibía otro contrato por parte del alcalde de Santo Domingo Wilson Erazo Argoti. Esta vez por $ 22,2 millones para construir la planta de tratamiento de agua potable de la urbe.

Hoy, la investigación ordenada por la jueza sigue abierta en la Fiscalía, en donde los agentes buscan determinar el monto de las presuntas coimas y quién autorizó los pagos.

En el ámbito administrativo, la empresa china también ha corrido con suerte. El 19 de junio se conoció el fallo de la Junta Combinada de Disputas.

La Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) demandó a Sinohydro por las fallas en Coca-Codo. Celec no estaba de acuerdo con la técnica y los materiales usados para reparar la central y pedía que la constructora pague por el lucro cesante, es decir, por el tiempo de paro.

Sobre estos puntos en disputa, la decisión fue a favor de la firma extranjera y actualmente la Procuraduría impulsa un litigio internacional.

Este Diario buscó la versión de la firma. Desde el 14 de julio se han enviado correos a sus abogados, a los representantes; se los llamó por teléfono y se dejó mensajes con la secretaria. Pero no hubo respuesta.

LA CIFRA

2.270

millones de dólares en 23 contratos ha recibido la empresa de origen chino, pese a las polémicas.