134 días de una investigación

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134 días de una investigación

El 30 de junio la Fiscalía abrió el caso contra UNES y ordenó las primeras diligencias. El correísmo dice que es una persecución por el informe Pandora

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UNES. Los miembros del partido político Revolución Ciudadana rechazaron la investigación fiscal. La calificaron de un uso político de la justicia.Ángelo Chamba / Expreso

Hace 134 días comenzó en la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Fiscalía una investigación en contra de UNES, su excandidato a la presidencia Andrés Arauz y una veintena de personas.

Para entonces, el 30 de junio de 2021, el caso Papeles de Pandora era totalmente desconocido en el país. Ni de cerca estaba la conformación de una comisión legislativa para investigar al presidente Guillermo Lasso ni se adivinaban las conclusiones que apuntan a su destitución.

Aún así, desde el correísmo, se sostiene que el expediente fiscal, por enriquecimiento privado no justificado, es una retaliación del Gobierno por el informe del caso Pandora.

“Esto es tan burdo y tan mediático que pretenden utilizar la Fiscalía para supuestamente buscar destituir a nuestros legisladores. Alertamos al mundo entero, que pretenden atacar vilmente a la Revolución Ciudadana”, dijo Marcela Aguiñaga, líder nacional de la organización política.

Ese 30 de junio, al abrir el expediente, la Fiscalía ordenó las primeras diligencias para buscar evidencias y envió oficio al SRI, las superintendencias de Compañías, de Bancos y más. La primera acción fue conformar un grupo investigador. Segundo: obtener un certificado en donde conste que “si el señor Andrés Arauz tuvo y/o tiene estatus de candidato dentro del proceso electoral 2020-2021”, indica un oficio.

En esa misma fecha se ordenó que los sospechosos sean notificados sobre el inicio de la investigación. ¿Por qué aparece ahora? Quien lo dio a conocer públicamente fue el expresidente Rafael Correa, a través de un tuit, que eliminó horas después de publicarlo.

A su mensaje incluía la misma tesis que el miércoles 10 de noviembre repitieron sus coidearios: que la investigación es un uso político de la justicia, un ‘lawfare’ por pensar diferente al Gobierno.

“La Fiscalía está siendo usada con fines mediáticos y políticos para pretender callar los derechos que tienen los legisladores a fiscalizar las acciones de un gobierno. Llamamos a la Fiscalía y le decimos que las cuentas de nuestra organización están abiertas para que el CNE, cuando corresponda, proceda a auditarlas”, dijo Aguiñaga, en una rueda de prensa. Y agregó que todo el caso parte de una denuncia falsa.

La de Carlos Aguillar, representante del colectivo Patria Sin Corrupción. En marzo, él afirmó que UNES, a través de su representante, firmó con la consultora mexicana Neurona, y su filial en Ecuador, ConsultoriaNeurona S.A., un contrato por $ 20 millones para acciones que se debían realizar durante las últimas elecciones.

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“Establecer que esta investigación es una retaliación del Gobierno ecuatoriano ante el informe de los Pandora Papers es irreal, puesto que esta investigación sigue su normal cauce desde hace varios meses, es así como la plataforma Patria Sin Corrupción, en nuestra calidad de denunciantes, rechazamos dichas aseveraciones”, explicó Aguilar.

Hoy, la justicia pone bajo la lupa los contratos de la campaña electoral de Arauz. Entre los sospechosos aparece la consultora mexicana Neurona y su filial ecuatoriano ConsultoríaNeurona S.A.; el español Juan Carlos Monedero, quien en su país es investigado por malversación en el gasto electoral del partido Unidas Podemos.

EL DETALLE

Trámite. La investigación se encuentra en la fase inicial. Se trata de un proceso reservado en donde los fiscales buscan evidencias de un posible delito.

  • La denuncia

El 15 de marzo, el colectivo Patria Sin Corrupción presentó la denuncia en la Fiscalía General.

  • Los pedidos

La organización civil solicitó en su denuncia que la Fiscalía pida asistencia internacional en el marco de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, denominada Convención de Mérida.

  • El delito

El enriquecimiento privado no justificado es el incremento patrimonial mayor a doscientos salarios básicos. Su pena es de tres a cinco años de cárcel, según el Código Penal.