¿En qué momento se echó a perder la resistencia antiminera? Había una vez una causa justa que hoy parece estar coludida con las peores mafias que operan en el país. ¿Cómo ocurrió?

En Molleturo, provincia del Azuay, una comunidad indígena organizada logró detener las actividades extractivas de una compañía minera que irrespetó la ley. De esto hace unos cinco años. Se llamaba proyecto minero Río Blanco y operaba directamente sobre el páramo, lo cual es una auténtica barbaridad si se considera la fragilidad de ese ecosistema y su papel en el equilibrio de las cuencas hidrográficas que van desde la cordillera hasta el océano. El páramo, ese ecosistema único en el mundo, resultado de una suma de factores (latitud ecuatorial y altura) que sólo se encuentran en este país y el vecino del norte; esponja captadora de humedad de la que proceden la mayoría de nuestros ríos (en este caso el Jubones, nada menos, cuya cuenca baña la provincia de El Oro). En Colombia, la Corte Constitucional entendió el problema y prohibió la minería en los páramos. Aquí, la cosa ha sido un poco más retorcida.

Cinco años después de la expulsión de la minera, Río Blanco ha recuperado su actividad. ¿Quién opera la mina? La misma comunidad que tanto luchó por impedirlo. Lo hace, seguramente, en una escala mucho menor pero con procedimientos mucho más dañinos para el ambiente, pues la minería informal carece de protocolos de seguridad y no rinde cuentas a nadie. Dijeron que su causa era en defensa del agua. Hoy vierten en ella desechos con mercurio. Nadie los puede controlar pues su territorio, el territorio de la comunidad, es inaccesible para la fuerza pública. Y en eso, en la autonomía de los supuestos territorios comunitarios, reside el nudo de este problema.

Hoy, las comunidades de Palo Quemado, provincia de Cotopaxi, se resisten a la minería. Ha habido episodios de violencia, acción de militares, heridos de lado y lado. Y Leonidas Iza, el presidente de la Conaie, cuyo sola presencia debería disparar ya todas las alarmas, esgrime el argumento de la territorialidad por encima de toda otra consideración. Leonidas Iza es un ambientalista de a perro. En octubre de 2019 incendió el país para defender el subsidio a los combustibles fósiles. Si hoy se apunta a la causa antiminera, probablemente es porque le resulta rentable: la minería ilegal produce millones. Que no se permitirá concesiones mineras en territorios indígenas, ha dicho, mientras los mineros informales, bajo el ventajoso paraguas que les proporciona su pertenencia a una comunidad u otra, operan minas de manera informal, al margen de la ley, a lo ancho de todo el país. Y los ambientalistas, que son una vergüenza, no dicen ni pío. En Palo Quemado ya hemos visto videos de gente armada y con entrenamiento militar atacando a los militares: es octubre del 19 en sus mínimos detalles, convertido en teoría de la revolución permanente.

Mientras tanto, con el auspicio del correísmo, un proyecto de reformas al código penal espera por su aprobación en la Asamblea. En él, se propone despojar a la Fiscalía de la iniciativa de la acción penal en los territorios indígenas. Territorios indígenas que no están debidamente definidos en la ley pero que Leonidas Iza extiende a cualquier espacio con población indígena. De aprobarse esa reforma, la actividad minera ilegal en Molleturo, por ejemplo, sólo podría ser juzgada por la comunidad de Molleturo, que es la que ejerce dicha actividad minera ilegal por sus propios fueros. Actividad minera ilegal con la cual se financia el narcotráfico y quién sabe qué otras barbaridades. Eso, no otra cosa, es lo que defiende Leonidas Iza. En este país echado a perder, hasta las causas justas han sido usurpadas por la mafia.