Veeduría reclama una mejora en el transporte público de Tumbaco

La falta de cobertura del transporte público y las constantes quejas por la mala calidad del servicio mantienen inconformes a cientos de moradores de Tumbaco. 

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La situación, que lleva años sin resolverse, ha motivado a vecinos y representantes de la sociedad civil a impulsar una veeduría ciudadana que vigile el cumplimiento de los estándares de calidad y exija soluciones concretas para sectores históricamente desatendidos.

Uno de los casos es el de Chiviquí, barrio donde los habitantes aseguran que la ausencia de rutas afecta diariamente la movilidad de estudiantes, trabajadores y adultos mayores. Tatiana Vega, quien lidera la iniciativa ciudadana, explica que el problema no es nuevo y que la falta de transporte limita las actividades básicas de quienes viven en la zona.

Veeduría ciudadana exige mejoras urgentes

“Los niños y estudiantes tienen dificultades para movilizarse. Ya ingresamos un oficio a la Secretaría de Movilidad y esperamos que se analice el tema de la ruta. Hay que cambiar la situación y presionar para que exista una solución”, sostiene.

Pero la preocupación de los usuarios no es solo por la falta de cobertura. Las críticas también son por la calidad del servicio que prestan las operadoras de transporte. Exceso de velocidad, irrespeto a las señales de tránsito y a las paradas, y maniobras peligrosas son, según los pasajeros, parte de la rutina diaria.

“Son imprudentes e incluso causan siniestros de tránsito”, afirma Rosa Alvear, usuaria frecuente del trayecto entre el centro de Tumbaco y Yaruquí. Su testimonio coincide con el de otros pasajeros que denuncian malos tratos y falta de consideración, especialmente hacia adultos mayores.

Transporte en Tumbaco sigue cuestionado

Mary Pupiales menciona que en varias ocasiones ha visto cómo los buses no se detienen adecuadamente, obligando a las personas a correr detrás de las unidades. Incluso recuerda un caso en el que un adulto mayor cayó al bajar de la unidad. “Hay maltrato al usuario”, dice.

María López coincide con Pupiales. Aunque reconoce que el incremento en el costo del diésel impactó a los tranportistas, considera que eso no justifica las deficiencias del servicio. “Algunos choferes son groseros y no paran bien. Los adultos mayores debemos tener mucho cuidado porque hay riesgo de caída. Es un peligro”, comenta.

En 2022 se autorizó el incremento de la tarifa de transporte en Tumbaco bajo la Ordenanza 017. La normativa establecía que las operadoras debían cumplir indicadores de calidad relacionados con límites de velocidad, geolocalización de unidades y paradas, apertura segura de puertas y otros parámetros técnicos.

Sin embargo, casi cuatro años después, los usuarios aseguran que no han percibido mejoras sustanciales. Cuando se aplicó el aumento de pasajes ya existía malestar entre los vecinos, quienes reclamaban que la medida no fue socializada de forma adecuada.

La situación también golpea a barrios como Collaquí, donde únicamente opera una línea de bus. Esto provoca largas esperas, buses repletos y escasas alternativas de movilización, especialmente en horas pico.

Cristina Toapanta, presidenta del barrio, describe el panorama como insostenible. Explica que, al tratarse de la primera parada de la ruta, durante las mañanas todavía es posible abordar las unidades, pero el escenario cambia rápidamente conforme avanza el recorrido. “La gente va prácticamente colgada”.

Francis Aguayza, representante del Observatorio de Movilidad, recuerda que el incremento tarifario generó rechazo debido al impacto económico que representó para los usuarios. 

Explica que, dependiendo de la distancia recorrida, en algunos casos el aumento alcanzó hasta el 60 %. Por ejemplo, un viaje desde El Quinche hasta la estación Río Coca cuesta $ 1,20, o desde El Arenal, el pasaje asciende a $ 0,50.

Mientras, uno de los temas pendientes es la reestructuración de rutas y frecuencias. Aunque en Tumbaco se han realizado ajustes menores, aún no existen cambios estructurales debido a la necesidad de desarrollar estudios de circulación y seguridad vial.

Desde 2025 se planteó un plan de reorganización, pero se han registrado constantes aplazamientos. El secretario de Movilidad, Álex Pérez, ha señalado que el objetivo es ampliar la cobertura, especialmente en parroquias rurales donde históricamente el acceso al transporte ha sido limitado.

Frente a este panorama, los moradores esperan que la veeduría ciudadana permita ejercer presión sobre las autoridades y las operadoras, con el fin de que el transporte deje de ser una fuente permanente de riesgos, demoras y malestar para quienes dependen diariamente del servicio.