Tumbaco construye un túnel de 1,9 kilómetros para evitar que aguas residuales lleguen a quebradas

A 17 metros bajo la superficie de Collaquí, en Tumbaco, hay otro mundo. El ruido de la calle queda atrás y, en su lugar, aparecen paredes sostenidas por arcos metálicos, varillas de acero y trabajadores que avanzan dentro de un túnel estrecho. Allí, entre polvo, herramientas y hormigón, se construye una obra que busca cambiar el destino de las aguas residuales de esta zona de Quito.

Le invitamos a que lea: Detienen a un sospechoso por incendio forestal registrado en la Av. Simón Bolívar, en Quito

Un túnel para dejar de descargar en El Payaso

Por ese túnel circularán aguas que actualmente terminan en la quebrada El Payaso. El propósito es recogerlas y llevarlas hacia el sistema de saneamiento para que puedan recibir tratamiento.

El Emisario Collaquí, como se denomina esta infraestructura, registra un avance del 60 % y es una de las piezas de un proyecto más amplio para reducir la contaminación de las quebradas de Tumbaco.

La obra comenzó el 2 de enero de 2026 y tiene un plazo contractual de 360 días. Franklin Lucero, jefe del Departamento de Fiscalización de Epmaps, explica que la construcción debería terminar en diciembre, siempre que las condiciones permitan mantener el ritmo de los trabajos. La inversión bordea los $2,3 millones.

El túnel se extiende por 1,9 kilómetros y fue diseñado para que las aguas circulen por gravedad. Desde San José de Collaquí y La Esperanza, las descargas serán incorporadas a este sistema para dejar de llegar directamente a El Payaso.

Para quienes viven alrededor de la quebrada, el cambio no es menor. Durante años, estos cauces han recibido aguas residuales que terminan convirtiéndolos en receptores de aquello que las viviendas desechan.

El túnel es solo una parte del proyecto

Pero el túnel no es el destino final de esas aguas. Es solo una parte de un recorrido que deberá terminar en una planta de tratamiento.

Se trata de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Cumbayá-Tumbaco, prevista en Churoloma, que permitirá tratar las aguas residuales de ambas parroquias.

La planta todavía no se levanta. Irina Moncayo, asesora de la Gerencia General de Epmaps, explica que el proyecto se encuentra en la etapa de obtención de la licencia ambiental.

Los diseños definitivos ya están listos y el estudio de impacto ambiental fue aprobado. El siguiente paso será la fase consultiva, prevista para octubre de 2026.

La magnitud de lo que se proyecta también se refleja en el costo. Moncayo señala que la PTAR Cumbayá-Tumbaco tendrá un valor aproximado de $52 millones. Esa cifra corresponde únicamente a la planta.

A ella se suman los interceptores y emisarios, que son las obras encargadas de captar las aguas residuales y conducirlas hasta la planta, con un costo estimado de $23 millones. En conjunto, el sistema bordearía los $75 millones.

Vecinos mantienen dudas sobre la planta

El camino hasta allí ha incluido reuniones con los vecinos. En julio se instalaron mesas informativas en Churoloma y Collaquí y posteriormente se realizó una asamblea.

Los moradores plantearon inquietudes sobre los posibles olores, la presencia de vectores y el impacto que la infraestructura podría tener sobre las áreas verdes.

Epmaps intenta despejar esas dudas mostrando una experiencia que ya existe en Quito. Algunos moradores han visitado la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Quitumbe para conocer cómo funciona una infraestructura de este tipo.

La futura planta de Tumbaco requerirá alrededor de ocho hectáreas y tendrá un área de amortiguamiento con parque y ciclovía. También se contempla sembrar árboles y construir una cancha solicitada por la comunidad.

En Collaquí piden resolver pendientes de saneamiento

En Collaquí, Cristina Toapanta mira el proyecto con expectativa, pero también con cautela.

Como presidenta del barrio, considera que la construcción de los emisarios es necesaria para avanzar en la descontaminación de la quebrada El Payaso y otros cuerpos de agua de la zona. Sin embargo, advierte que la obra, por sí sola, no resolverá las necesidades de saneamiento que todavía persisten en los barrios cercanos.

Toapanta asegura que todavía existen sectores con necesidades de alcantarillado y saneamiento. Por eso, mientras la maquinaria avanza bajo tierra, los moradores esperan que también se atiendan esos pendientes.

“No tendría ningún sentido gastar tanto dinero si al final del día voy a seguir teniendo problemas de saneamiento y alcantarillado”, sostiene.

Su preocupación no es detener la obra, sino evitar que el proyecto termine beneficiando solo a una parte del territorio.

Ambientalistas piden completar los interceptores

Estefanía Pabón, directora de la fundación Quebradas Vivas, considera que los interceptores son necesarios para impedir que las aguas servidas sigan llegando directamente a las quebradas. Sin embargo, advierte que construir únicamente algunos tramos puede dejar intactas otras descargas.

“Si el recorrido hacia una planta atraviesa varios barrios, no bastaría con intervenir unos cuantos kilómetros y dejar pendientes los demás. El agua podría dejar de contaminar un tramo de la quebrada para volver a hacerlo unos metros más adelante”, añade.

Pabón menciona el caso de la quebrada Carretas. Allí, según explica, se han invertido alrededor de $2 millones en interceptores para un tramo de unos 500 metros, pero más abajo todavía existen descargas.

Para ella, mientras llega la infraestructura definitiva deben aplicarse medidas de mitigación y mantenimiento que protejan lo que ya se construyó.

Una vez terminada una obra, dice, comienza otra tarea que suele quedar relegada. “No basta con construir un interceptor”, plantea. La inversión, considera, debe estar acompañada de conservación y educación ambiental.