Tarifa de bus en Quito: no se define de dónde saldrán $23 millones para pagar a transportistas

El debate sobre la ordenanza que plantea el incremento de la tarifa del transporte público en Quito avanza en la Comisión de Movilidad del Concejo Metropolitano. Una de las dudas gira en torno a la falta de claridad sobre el origen de los recursos que se destinarían a las compensaciones económicas para los transportistas.

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Durante la sesión de la Comisión, el secretario de Movilidad, Álex Pérez, explicó que la ordenanza busca garantizar la continuidad del servicio de transporte público, mantener una tarifa socialmente justa (40 centavos) y evitar afectaciones a los usuarios.

Según indicó, la iniciativa contempla mecanismos de control y seguimiento para el uso de recursos públicos, además de una serie de condicionamientos dirigidos a la modernización del sistema de transporte, entre ellos:

Debate por la tarifa técnica

Como parte del debate, la concejal Cristina López señaló que, aunque se plantea una tarifa de 40 centavos, el proyecto no especifica claramente cuál es el valor técnico calculado para el sistema ni qué porcentaje sería asumido por los usuarios, el Municipio o los operadores.

En respuesta, Pérez aseguró que la tarifa técnica también se ubica en 40 centavos y señaló que el cálculo se realizó a partir de la relación entre costos e ingresos, utilizando un modelo financiero actualizado.

¿De dónde saldrá el dinero para las compensaciones?

López también consultó sobre la fuente de financiamiento para las compensaciones que recibirían los transportistas, estimadas en cerca de $ 23 millones. Preguntó específicamente si existe una certificación presupuestaria para ese fin y qué programas o proyectos municipales se verían afectados.

En respuesta, Fernando Armas Cuesta, director metropolitano Financiero, reconoció que aún no cuentan con una cifra total exacta para determinar de qué partida presupuestaria podrían obtenerse los fondos.

“Los informes remitidos mencionan un valor unitario, más no la totalidad”, explicó el funcionario. Añadió que una vez que se determine el monto global será necesario analizar la disponibilidad y coordinar con la Secretaría de Planificación para identificar de dónde podrían provenir el dinero.

Aunque aseguró que existen recursos municipales disponibles, señaló que todavía no se ha definido qué proyectos o partidas presupuestarias se utilizarían para cubrir las compensaciones.

Otras observaciones en la Comisión

En la Comisión también surgieron cuestionamientos sobre la calidad del servicio. La concejal Joselyn Mayorga señaló que presentó observaciones al proyecto de ordenanza y sostuvo que no es viable incrementar el pasaje mientras persistan deficiencias en el transporte público.

“Si no hay cumplimiento en la calidad del servicio, ¿cómo se va a entregar la compensación?”, cuestionó.

Las dudas también fueron planteadas por los representantes del sector transportista. Jorge Yánez, vocero del gremio, manifestó su preocupación porque, a su criterio, el informe de la Secretaría de Movilidad no establece con precisión el costo real de la tarifa técnica para el transporte convencional.

Según afirmó, esa falta de claridad podría dificultar la implementación de medidas que permitan mejorar efectivamente el servicio. Además, expresó inquietud por el hecho de que la tarifa técnica se haya fijado en 40 centavos.

Yánez también consideró indispensable conocer el monto total de la compensación temporal y pidió que se solicite un pronunciamiento de la Procuraduría sobre la legalidad de la entrega de recursos públicos a operadores privados.

Como antecedente, recordó el caso de Ambato, donde se plantearon observaciones relacionadas con la ausencia de un informe jurídico de la Procuraduría para respaldar mecanismos similares de compensación.