¿Qué sanción podría enfrentar la operadora del bus que arrolló a una moto en Quito?

Un siniestro de tránsito ocurrido el 2 de abril de 2026 en el sur de Quito, y que quedó registrado en video, puso sobre la mesa las sanciones que enfrentan tanto conductores como operadoras de transporte cuando se producen hechos fatales.

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La emergencia se registró en La Magdalena, en la calle Cañaris y la avenida Mariscal Sucre. En las imágenes se observa cómo un motociclista y su acompañante cruzan la vía cuando un bus, que aparentemente circulaba a alta velocidad, impacta contra la motocicleta y la arrastra varios metros. Posteriormente, el vehículo pesado se incendia con la moto atrapada debajo.

El hecho dejó dos personas fallecidas. En el video también se evidencia que el bus irrespetó la luz roja del semáforo. Tras el siniestro, el conductor huyó del lugar y es buscado por la Policía.

Sanciones administrativas para la operadora

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, informó que, conforme a la normativa vigente, el proceso sancionatorio formal puede tardar hasta 90 días en activarse. No obstante, se adoptaron medidas inmediatas contra la operadora involucrada.

Entre las posibles sanciones se contemplan multas de hasta ocho salarios básicos unificados y la reversión definitiva del cupo de operación, lo que implicaría la salida permanente de la unidad del sistema de transporte público.

Como medidas inmediatas, se dispuso la suspensión por 60 días del permiso de operación del bus implicado. Esto impide que el propietario pueda reemplazar la unidad durante ese periodo.

Además, se ordenó la suspensión del registro municipal del vehículo y la realización obligatoria de la revisión técnica vehicular (RTV) a todas las unidades de la operadora en un plazo de 15 días.

Responsabilidad penal del conductor

En el ámbito penal, el caso podría configurarse como muerte culposa, según lo establece el Código Orgánico Integral Penal (COIP). El artículo 377 señala que este delito se produce cuando una persona causa un accidente de tránsito que deriva en la muerte de una o más personas por incumplir un deber objetivo de cuidado.

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La sanción base para este delito es de uno a tres años de prisión, acompañada de la suspensión de la licencia de conducir por seis meses una vez cumplida la pena.

Sin embargo, la normativa contempla un agravante que eleva la pena de tres a cinco años de cárcel cuando el siniestro ocurre por conductas peligrosas o ilegítimas, como el exceso de velocidad, la inobservancia de señales de tránsito, como un semáforo en rojo, o la conducción en condiciones inadecuadas del vehículo o del conductor.

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