Reforma COOTAD: Pichincha advierte riesgo para obras y programas

La Prefectura de Pichincha informó a la ciudadanía sobre las implicaciones de la reciente reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), aprobada por la Asamblea Nacional del Ecuador con 77 votos de la bancada oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN) y promulgada por el presidente Daniel Noboa.

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Nuevas obligaciones y cambios en la gestión financiera

Según el comunicado, la normativa introduce nuevas obligaciones, especialmente en los artículos 198.4 y 198.7, que modifican la clasificación de los gastos de inversión, considerándolos ahora como gastos corrientes.

Esta reforma establece además evaluaciones trimestrales desde junio, cuyo incumplimiento será notificado a la Contraloría General del Estado. Como consecuencia directa, se advierte la posible reducción de recursos del Modelo de Equidad Territorial, lo que podría afectar la ejecución de servicios y programas sociales en la provincia.

Prefectura ejecuta análisis técnico y reestructura procesos

Ante este escenario, la Prefectura anunció la implementación de un análisis administrativo, jurídico y financiero para ajustar su estructura y procesos internos. El objetivo es cumplir con la reforma impulsada por el Gobierno Nacional, priorizando el bienestar de trabajadores, obreros y ciudadanos.

Exhorto a la Corte Constitucional

Durante la sesión ordinaria N.º 42 del Consejo Provincial de Pichincha, se resolvió exhortar a la Corte Constitucional del Ecuador a revisar la normativa aprobada. La institución solicitó que se actúe con:

Además, pidió resolver con urgencia la acción de inconstitucionalidad presentada contra la reforma del COOTAD.

Respaldo institucional a acciones legales

La prefecta Paola Pabón recibió el respaldo político e institucional para impulsar acciones administrativas, judiciales y constitucionales, enfocadas en:

Contexto y repercusiones

La Prefectura advierte que estos cambios podrían tener un impacto significativo en la gestión territorial, limitando recursos destinados a obras, servicios públicos y programas sociales clave para la provincia de Pichincha.

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