Quito: Agente de tránsito con prisión preventiva por exigir $ 200 a motociclista
El gente fue trasladado al Centro de Privación de Libertad El Inca, en el norte de Quito
Un agente civil de tránsito fue enviado a prisión preventiva por su presunta participación en un acto de corrupción, luego de que un juez de la Unidad Penal del cantón Rumiñahui acogiera el pedido de la Fiscalía.
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De acuerdo con un comunicado publicado el 26 de marzo de 2026 por la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), el funcionario habría solicitado dinero a un motociclista a cambio de no retener su vehículo ni emitir una sanción, como lo establece la normativa vigente para quienes conducen sin licencia.
Según las investigaciones, el agente exigió $ 200, aunque el ciudadano aseguró haber entregado $ 130 durante el incidente, ocurrido en el sector del parque de Amaguaña.
La denuncia del afectado fue clave
Tras lo ocurrido, el afectado alertó al ECU 911, lo que permitió una rápida articulación con la Dirección de Asuntos Internos de la AMT.
La institución brindó acompañamiento al denunciante para formalizar el proceso y entregó la documentación correspondiente a la Fiscalía y la Policía Nacional.
El caso se encuentra actualmente en etapa de instrucción fiscal, que tendrá una duración de 30 días. Mientras tanto, el agente fue trasladado al Centro de Privación de Libertad El Inca, en el norte de Quito, donde permanecerá mientras avanzan las investigaciones.
🚨 #ComunicadoAMT |
— AMTQuito (@AMT_Quito) March 26, 2026
👮🏼♂️La AMT informa que un Agente Civil de Tránsito enfrenta prisión preventiva por un presunto acto de corrupción durante el ejercicio de sus funciones.
🤝 La institución brindó acompañamiento para la denuncia y entregó la información a las autoridades… pic.twitter.com/x5GTVCqgsY
La AMT reiteró su postura de “cero tolerancia” frente a actos de corrupción y aseguró que continuará colaborando con las autoridades para garantizar la transparencia en el accionar de sus funcionarios.
El caso de un agente sentenciado
En 2025, un agente civil de tránsito fue sentenciado a tres años de prisión por el delito de concusión, además del pago de 10 salarios básicos unificados. Como parte de la reparación integral, el fallo también ordenó la publicación de la sentencia durante tres meses y la emisión de disculpas públicas a la institución.
El caso se originó a partir de un hecho ocurrido en julio de 2023, cuando, según la denuncia presentada por la persona afectada, el agente habría exigido 300 dólares a cambio de gestionar la supuesta reparación de un bien público que resultó dañado tras un siniestro de tránsito.
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