Prometían entregar autos en dos días: clientes pagaron hasta $ 4.500 y no recibieron vehículos
Un mismo vehículo habría sido ofrecido a varios clientes; la intervención municipal destapó una historia que apenas comienza a conocerse en Quito
La concesionaria fue clausurada en la Kennedy, mientras clientes reclamaban la devolución de hasta $ 4.500 entregados por vehículos que nunca recibieron.
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- Clientes pagaron hasta $ 4.500 por vehículos que no recibieron en una concesionaria de Quito.
- La AMC clausuró el establecimiento de la Kennedy por operar sin permisos municipales.
- 13 concesionarias han sido sancionadas en Quito durante 2026 por incumplir la normativa municipal.
Hasta 4.500 dólares habrían entregado algunos clientes para adquirir un vehículo que nunca recibieron. El caso terminó con la clausura de una concesionaria ubicada en la avenida Galo Plaza Lasso, en el sector de la Kennedy, al norte de Quito.
La Agencia Metropolitana de Control (AMC) intervino el establecimiento y determinó que funcionaba sin los permisos municipales correspondientes. Mientras los funcionarios realizaban el procedimiento, varios usuarios permanecieron en los exteriores para exigir la devolución del dinero que habían entregado.
Clientes denuncian retrasos y múltiples excusas
Según los testimonios recogidos durante la intervención, algunos clientes aseguraron que entregaron hasta $ 4.500 bajo la promesa de recibir un vehículo de manera inmediata o, como máximo, en dos días.
Sin embargo, cuando llegaba la fecha acordada, las respuestas cambiaban. Los compradores recibían explicaciones relacionadas con documentos pendientes, vendedores que supuestamente no acudían a la oficina, funcionarios enfermos o nuevos requisitos que debían cumplir antes de concretar la entrega.
Las quejas no se limitarían a los usuarios que acudieron al establecimiento. En redes sociales también aparecieron testimonios de personas que aseguraron haber pagado valores similares sin recibir el automóvil ofrecido.
Incluso, algunos afectados señalaron que un mismo vehículo habría sido negociado simultáneamente con varios clientes, una situación que deberá ser determinada por las autoridades competentes.
El centro clandestino fue clausurado durante un operativo en Pintag, suroriente de Quito.
La concesionaria promocionaba vehículos en redes sociales
El establecimiento utilizaba redes sociales y una página web para promocionar sus automóviles. En sus publicaciones ofrecía entregas garantizadas, planes de ahorro, compras de contado y alternativas de financiamiento.
Estas promociones atrajeron a clientes que posteriormente acudieron al local para reclamar por la falta de entrega de los vehículos y exigir la devolución de los valores pagados.
La AMC aclaró que su actuación está relacionada con el incumplimiento de la normativa municipal. Es decir, la clausura no determina si existió o no una estafa.
AMC advierte multas de hasta $ 3.856
Gustavo Chiriboga, supervisor metropolitano de la AMC, explicó que los establecimientos dedicados a la comercialización de vehículos que funcionen sin los permisos municipales pueden enfrentar sanciones económicas.
Las multas pueden llegar hasta ocho salarios básicos unificados, equivalentes a 3.856 dólares.
Chiriboga también precisó que las denuncias de los clientes por una posible estafa deben ser presentadas ante la Fiscalía General del Estado, institución que tiene la competencia para investigar estos hechos y determinar eventuales responsabilidades penales.
13 concesionarias sancionadas en Quito en 2026
El caso de la Kennedy se suma a otras intervenciones realizadas este año. Según la AMC, 13 concesionarias de vehículos han sido objeto de sanciones en Quito durante 2026 por operar sin los permisos correspondientes.
En estos controles también se han detectado otras irregularidades, entre ellas vehículos de dudosa procedencia, automotores reportados como robados y establecimientos que no contaban con los permisos emitidos por el Cuerpo de Bomberos.
La AMC señaló que continuará con los controles a establecimientos dedicados a la venta de vehículos para verificar que cuenten con los permisos exigidos por la normativa municipal y que funcionen dentro del marco legal.
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