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Pasaje en Quito: acción de inconstitucionalidad busca frenar eliminación de la tarifa preferencial
La acción es en contra de la ordenanza que aprobó el aumento del pasaje y, principalmente, por la eliminación de la tarifa preferencial
Odalys Freile es una de las personas que presentó la acción en la Corte Constitucional.
Colectivos y organizaciones de personas con discapacidad presentaron este lunes 21 de septiembre de 2026 una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional contra la ordenanza que modifica la tarifa del transporte público.
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El principal cuestionamiento es la eliminación de la tarifa preferencial de 10 centavos que, según señalaron, estaba vigente para las personas con discapacidad desde 2015.
La nueva normativa establece que la tarifa general pasará de 35 a 40 centavos desde enero de 2027 y elimina el capítulo específico relacionado con la tarifa preferencial de 10 centavos para este grupo de atención prioritaria.
En los exteriores de la Corte Constitucional, los accionantes reclamaron que la decisión es un retroceso en derechos y solicitaron que el organismo adopte medidas cautelares para suspender temporalmente los efectos de la ordenanza mientras se resuelve la acción de fondo.
Reclaman por accesibilidad del transporte
Alexander Tibamlombo, activista y promotor de derechos de las personas con discapacidad, quien además tiene discapacidad visual, cuestionó que se elimine esa tarifa sin que, a su criterio, haya existido una mejora suficiente en las condiciones del transporte público.
Tibamlombo sostuvo que más de 3.000 personas con discapacidad utilizan diariamente este servicio en Quito y señaló que persisten problemas de accesibilidad. Mencionó, entre otros aspectos, la falta de rampas y de pantallas informativas, así como dificultades para las personas que utilizan sillas de ruedas o tienen talla baja.
Personas en sillas de ruedas llegaron hasta la Corte Constitucional. Cuestionan la eliminación de la tarifa preferencial.
También cuestionó el trato que reciben usuarios con discapacidad y aseguró que existen casos en los que los conductores no se detienen para recogerlos.
El activista afirmó que durante el tratamiento de la ordenanza intentó participar en mesas de trabajo, pero aseguró que sus pedidos no recibieron respuesta.
Alegan vulneración de derechos
El concejal Andrés Campaña señaló que la ordenanza elimina el capítulo correspondiente a la tarifa preferencial para personas con discapacidad y también las disposiciones que permitían sancionar a los conductores que no cumplieran con ese beneficio.
Según el edil, las personas con discapacidad han contado con una tarifa de 10 centavos desde 2015, por lo que considera que su eliminación constituye una medida regresiva en materia de derechos.
Los accionantes sostienen que la Constitución reconoce a las personas con discapacidad como parte de los grupos de atención prioritaria y establece beneficios relacionados con las tarifas del transporte. Por ello, solicitan que la Corte declare la inconstitucionalidad de las disposiciones de la ordenanza que eliminan la tarifa preferencial y disponga su restitución.
Tibamlombo también recordó que si bien la ley establece el cobro del 50% de la tarifa universal, los Gobiernos Autónomos Descentralizados tienen la potestad de fijar una pasaje preferencial para personas con discapacidad.
Por otro lado, Campaña agregó que al ser eliminado el capítulo sobre esa tarifa de la ordenanza, las personas con discapacidad, en la actualidad, ya están cancelando 17 centavos por el pasaje.
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