Pabel Muñoz inicia su último año de administración: ¿cómo ven su gestión activistas y un exalcalde?

En Quito conviven dos lecturas opuestas sobre la administración de Pabel Muñoz. Desde el Municipio se habla de recuperación de espacios públicos, regularización de barrios y sostenibilidad ambiental, pero desde la sociedad civil se cuestiona la falta de orden, liderazgo y un modelo claro de gestión de ciudad.

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Cuando llegó al Municipio, en mayo de 2023, Muñoz presentó un plan sustentado en cinco ejes: hábitat, seguridad y convivencia ciudadana; trabajo, economía, producción, emprendimiento e innovación; bienestar, derechos y protección social; movilidad sostenible; y territorio intercultural, ecológico, deportivo y activo. 

A un año de concluir su mandato, varios de esos ofrecimientos avanzan parcialmente, mientras otros permanecen estancados o bajo cuestionamiento.

Uno de los puntos que el Cabildo destaca es la regularización masiva de barrios. Según cifras oficiales, en tres años se han entregado cerca de 5.800 títulos de propiedad, una medida que busca otorgar seguridad jurídica a miles de familias en sectores periféricos.

Paralelamente, la Alcaldía ha impulsado programas de recuperación de espacio público con iluminación y rehabilitación de parques, plazas y canchas comunales. 

El Municipio asegura que se ha invertido más de $5,8 millones en mantenimiento, rehabilitación y construcción de espacios públicos, incluyendo 11 nuevos parques. Para el alcalde, estas obras representan una intervención directa en barrios históricamente olvidados y constituyen una transformación tangible para sus habitantes.

Compra de trolebuses cuestionada

En movilidad, la gestión municipal apostó por reorganizar las rutas de buses para integrarlas al Metro y modernizar el Trolebús y la Ecovía. El Cabildo sostiene que hasta marzo de este año 45 rutas fueron modificadas o extendidas para mejorar la cobertura y facilitar la conexión con los sistemas de transporte municipal.

Además, se concretó la adquisición de 60 nuevos trolebuses eléctricos, considerada como parte de la transición hacia un sistema de movilidad más sostenible. Sin embargo, la compra derivó en una controversia. 

La Contraloría General emitió un informe que atribuye responsabilidad directa al alcalde por supuestas irregularidades en el proceso de contratación pública, señalando posibles perjuicios económicos para el Municipio. El organismo de control estableció glosas por más de $2,5 millones y responsabilidades administrativas adicionales.

Pese a ello, Muñoz ha insistido en que el balance de su gestión debe medirse por el impacto social de las obras. 

En entrevistas ha afirmado que, al finalizar su administración, dejará 3.001 obras ejecutadas en toda la ciudad. Según el alcalde, el verdadero cambio ocurre cuando una intervención mejora la vida cotidiana, una respuesta a quienes critican la ausencia de grandes proyectos más allá de la puesta en marcha del Metro de Quito.

En el ámbito ambiental, el alcalde sostiene que su administración está “sentando las bases” de una política de sostenibilidad a largo plazo. Entre las acciones mencionadas están proyectos de recuperación de ríos y quebradas, la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales y la preparación para el cierre técnico del relleno sanitario de El Inga.

"Una ciudad abandonada y sin liderazgo"

Empero, las críticas hacia Muñoz se han intensificado conforme avanza el período. El exalcalde Paco Moncayo considera que la ciudad atraviesa un escenario de “abandono” reflejado en el crecimiento del comercio informal, el deterioro del patrimonio y el desorden en el transporte. A su criterio, la actual Alcaldía ha evitado tomar decisiones firmes para ordenar la ciudad.

Moncayo también cuestiona la falta de un proyecto integral de ciudad y sostiene que el Municipio se ha burocratizado progresivamente desde administraciones anteriores. “Se hace lo que genera aplausos, pero gobernar una ciudad implica tomar decisiones fuertes y eso no se ve”, afirma.

Por su parte, Rocío Bastidas, del Cabildo Cívico, señala que muchas de las promesas de campaña quedaron en anuncios. Según explica, la idea de construir un modelo de ciudad nunca terminó de concretarse y temas como seguridad y movilidad quedaron rezagados frente a la complejidad administrativa del Municipio.

Bastidas sostiene que la integración tarifaria del transporte se mantiene como una deuda pendiente y cuestiona que, tras la paralización del servicio de buses, las reuniones con el gremio transportista se hayan desarrollado sin la participación de la sociedad civil.

Deuda con el patrimonio y el ambiente 

Además, critica la falta de avances en iniciativas como la discusión del Estatuto Autonómico, para redefinir el modelo de gestión de la ciudad.

Sobre la gestión patrimonial y urbanística, hay otra gran deuda, a criterio de la activista. Cita el caso del Hotel Quito y las controversias generadas por proyectos inmobiliarios en zonas protegidas. Asimismo, menciona la situación de Guápulo, donde, pese a que ya se dispuso el derrocamiento de un edificio levantado en un área sensible, hasta ahora no se han ejecutado acciones al respecto.

Para Isabel Vargas, presidenta de la Federación de Barrios de Quito, persisten necesidades urgentes en sectores populares. Señala que obras fundamentales, como el cambio del sistema de alcantarillado en Solanda, siguen pendientes pese a que fue un ofrecimiento del alcalde. Además, cuestiona la baja ejecución presupuestaria en áreas como seguridad, obras públicas y hábitat.

Vargas también advierte que el desempleo en Quito continúa siendo uno de los más altos del país y reclama una mayor apertura del Municipio hacia organizaciones sociales que no comparten la línea política de la administración de Muñoz.

En el tema ambiental, el Cabildo Cívico cuestiona que, pese a que hay sentencias a favor de los ríos Monjas y Machángara, el Municipio hasta ahora no presenta los planes de recuperación.