Inseguridad en Quito: El Batán Alto reclama presencia policial
Policía reporta menos delitos, pero vecinos denuncian violencia constante
Con carteles en mano y consignas repetidas hasta el cansancio, los habitantes del barrio Batán Alto, en el norte de Quito, han decidido hacer visible una realidad que -aseguran- lleva años ignorada: la inseguridad se ha vuelto parte de su vida cotidiana.
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Su principal exigencia es que se refuerce la presencia policial, la reactivación de la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) y patrullajes constantes en una zona que, según dicen, dejó de ser tranquila para convertirse en peligrosa.
La preocupación comenzó por los robos a locales, asaltos a transeúntes y delitos contra vehículos. El caso más reciente ocurrió cuando Elena (nombre protegido) fue atacada alrededor de las 06:20 en la calle Guanguiltagüa, frente al Parque Metropolitano.
Mientras paseaba a su mascota, dos hombres armados en moto la agredieron, la botaron al piso y le robaron su celular. “Además del teléfono, me robaron la tranquilidad de caminar cerca de mi casa”, relató. Tras hacer público su testimonio, otras víctimas confirmaron haber sufrido otros asaltos.
La Asamblea Barrial del Batán Alto ha levantado su propia base de datos de esos ataques: 25 ocurrieron en 2025 y 16 se han registrado en lo que va del año, 41 en tal.
El robo a domicilio encabeza la lista con 8 casos, seguido por asaltos con arma (7) y robos de vehículos y autopartes (5 cada uno). Sin embargo, en 2026 preocupa el aumento de intentos de robo a autos y el uso de violencia, con víctimas heridas.
Delitos cada vez más violentos
Los residentes sostienen que estas cifras evidencian una tendencia clara: delitos contra la propiedad y mayor agresividad. A esto se suma la percepción de abandono institucional. Un directivo barrial, que prefirió no identificarse, atribuye parte del problema a la constante rotación de policías. “Cada tres meses cambian a los efectivos y eso genera sensación de descuido. Nos faltan patrullajes y control del espacio público”, afirma.
Esa sensación se refuerza con la imagen del entorno: espacios vandalizados, parques oscuros y ausencia de control. Pese a múltiples pedidos a la Secretaría de Seguridad y al Ministerio de Gobierno, los moradores dicen no recibir respuestas efectivas. “Lo de Elena no es un caso aislado, es de todos los días. La diferencia fue la violencia”, añade el dirigente.
Una UPC sin policías
Las voces de los vecinos coinciden en el diagnóstico. Iván Alemán asegura que “el Batán Alto no tiene una UPC operativa; existe el local, pero no hay policías”. Por su parte, Bruno Aebischer advierte que “en la noche hay muchos robos a vehículos estacionados afuera de restaurantes; los delincuentes aprovechan la oscuridad del parque para esconderse”.
Mientras tanto, Ida Páez lamenta que “antes salíamos a caminar, pero ahora hay parques sin luz, oscuros; nos falta seguridad”. A esto se suma lo señalado por Francisco Jerves, quien denuncia la falta de cámaras del sistema ECU-911: “las pocas que hay son de negocios o viviendas, y eso facilita los delitos”.
La situación se agrava en el Parque Metropolitano. Los moradores denuncian asaltos a deportistas, intentos de secuestro e incluso un caso de violencia sexual en el que, según relatan, la respuesta de los guardias fue tardía. “Ellos dicen que cuidan los bienes municipales, no a las personas”, cuestiona una dirigente.
La directiva asegura que la comunidad ha invertido recursos propios para suplir la ausencia estatal: han equipado la UPC con electrodomésticos y hasta pagan internet y telefonía para una tablet de monitoreo. Sin embargo, denuncian que la unidad permanece cerrada desde hace al menos dos años y medio.
¿Qué dice la Policía?
Desde la Policía Nacional, David Pazmiño, jefe del circuito Iñaquito, ofrece una versión distinta. Asegura que tras el caso viralizado se activaron protocolos que permitieron identificar y detener a dos sospechosos, de 24 y 22 años, uno con antecedentes por robo.
Además, destaca que el fortalecimiento de chats comunitarios y denuncias anónimas mediante códigos QR ha sido clave para identificar delincuentes. También, asegura que la UPC “no está cerrada, sino limitada” por problemas de infraestructura. Según cifras oficiales, el robo a personas habría disminuido: de 46 casos en 2025 a 32 en el mismo período de 2026.
El Municipio de Quito, por su parte, indica que ha ejecutado diversas intervenciones dentro de sus competencias, como la instalación de nuevos sistemas en los estacionamientos municipales, de parques y la implementación del servicio de guardianía para cuidar la infraestructura municipal y los bienes ubicados dentro de los parques. Este último contó con una inversión de $1. 694.330,73 más IVA.
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