Unir los barrios altos del noroccidente de la capital con la estación de La Ofelia vía, un sistema teleférico para agilizar la transportación. Esa era la propuesta del proyecto Quito Cables, oferta del exalcalde Mauricio Rodas, que empezó a planificarse en 2014 cuando asumió la alcaldía.

Sin embargo, dos años después, la iniciativa, en la que se invirtió $ 26 millones entre obras directas y obras complementarias, se frenó por problemas técnicos y legales; problemas que hasta el día de hoy no encuentran una solución.

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Estas complicaciones están detalladas en el informe DNA5-GAD-0039-2022 de la Contraloría General del Estado, que señala entre sus hallazgos una serie de irregularidades en el proyecto de movilidad.

El documento establece que la construcción de la línea La Roldós-La Ofelia se autorizó sin estudios completos o actualizados. “El gerente comercial de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) certificó que los estudios recibidos parcialmente eran suficientes y completos, situación que ocasionó que se ejecute solo una parte de los trabajos y que el proyecto no concluya”, señala el documento.

Este también determina que el contrato para la construcción fue autorizado sin evaluar los riesgos identificados durante las socializaciones, que la Epmmop no contaba con terrenos liberados (expropiados) en el área de desarrollo de la obra, y que existieron inconsistencias en la fiscalización de la misma.

EXPRESO consultó a la Epmmop sobre los procesos legales generados a raíz del cese de Quito Cables, entre ellos una demanda en su contra interpuesta por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, que estaba a cargo de la construcción del proyecto, por “un sinnúmero de incumplimientos contractuales y legales”, y sobre la viabilidad futura del proyecto, pero no hubo respuesta hasta el cierre de esta edición.

Mientras tanto, la Contraloría General del Estado estableció que al momento, el caso se encuentra en “predeterminación de responsabilidades”.

En el limbo también está la situación de diez lotes en San José de El Condado, expropiados para construir una estación.

Ahí, señala Carlos Molina, vocero de los afectados, el Cabildo hizo un pago forzoso de $ 1’160.000, que no fue aceptado por los residentes y cuyo monto aún reposa en una cuenta del Consejo de la Judicatura.

“Dos años después de que el proyecto no se concretó, nos tenían que devolver nuestros predios, es lo que establece la ley. Sin embargo, han pasado seis años y hasta el día de hoy no se concreta la devolución”, dice.

Este proceso jurídico, que continúa en juicio de consignación, evita que los propietarios puedan vender, adecuar, construir o heredar sus casas.

“Esto ha sido un viacrucis. Cuando era obvio que Quito Cables ya no se iba a hacer, se nos tenía que devolver nuestros terrenos, pero hasta ahora no hemos tenido respuesta ni ayuda de ninguna alcaldía. Vivimos en casa de nadie”, dijo. 

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