Un contrato firmado en la administración del exalcalde de Quito, Santiago Guarderas, generó un cruce de palabras entre la concejala Estefanía Grunauer (Juntos por la Gente) y el actual alcalde, Pabel Muñoz.

Se trata de la compra de 557 alarmas comunitarias, que se firmó a mediados de diciembre de 2022 y cuya entrega formal aún no se ha concretado. De hecho, el pasado 21 de septiembre, el Municipio de Quito notificó a la empresa Nexmedios Soluciones Tecnológicas que inició el procedimiento de terminación anticipada y unilateral del contrato de adquisición de estos equipos. El contrato incluía su instalación, mantenimiento, soporte y servicios de telecomunicación por un valor de USD 1’014.000, sin IVA.

Esta decisión se tomó, según un informe presentado en el Concejo Metropolitano de Quito en su sesión ordinaria de este martes 3 de octubre de 2023, porque al recibir las alarmas y realizar varias pruebas, incluidas unas de estrés, se determinó que funcionaban bien si solamente se hacía una llamada. Pero presentaban inestabilidad, inhibición e inconvenientes en el proceso de sincronización si es que recibían dos o más llamadas al mismo tiempo. Incluso requerían reiniciarse y eso tomaba al menos cinco minutos. (LEA ADEMÁS: "Quito: En el Valle de los Chillos, las bandas ‘hacen inteligencia’")

El informe estuvo a cargo de Francisco Mosquera, gerente de la empresa pública Emseguridad. Él explicó que, debido a las demoras en corregir esos fallos, la empresa ya ha recibido multas por incumplimiento de sus obligaciones durante 54 días, lo que le ha sumado un monto de USD 51.708,89, es decir, ya superó el 5 % del valor total del contrato. Este jueves se cumplirán los 10 días que la ley le da a la empresa proveedora para solventar el incumplimiento. Si no lo hace, se declarará oficialmente la terminación unilateral y se solicitará la ejecución de las pólizas de buen uso de anticipo y fiel cumplimiento, para recuperar el anticipo.

El debate se inició cuando el concejal Andrés Campaña (Alianza UIO), quien solicitó en la anterior sesión ordinaria de Concejo colocar este tema en el orden del día, dijera que con este contrato y sus problemas se ha demostrado la “incapacidad del Municipio de Quito en solventar las necesidades urgentes de la ciudadanía”. Él agregó que la mayoría de alarmas comunitarias que tiene la ciudad eran de 2012 y que en su mayoría a cumplieron el tiempo para el que fueron compradas y por eso, en la administración pasada, se levantó un informe de necesidad para hacer la compra, pero después de año y medio aún no se puede dar una respuesta efectiva. (TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: "Seguridad: La Mariscal recibe alarmas y la comunidad desconoce su uso")

Luego se sumó Grunauer, quien fue funcionaria de la alcaldía de Jorge Yunda. Ella hizo críticas a la administración de Guarderas por las demoras en la implementación de este contrato, pero también reclamó que se hayan pasado por alto cinco informes de Quito Honesto sobre el mismo y ninguna se haya tomado en cuenta. Dirigiéndose a Muñoz, Grunauer preguntó“ ¿para qué sirve Quito Honesto si emiten informes, le dicen a los funcionarios y se quedan ahí, no se hace un seguimiento? Estos informes se convierten en un saludo a la bandera”. Por ello, según su criterio, la administración anterior y la actual han sido “incompetentes”.

Muñoz respondió esas acusaciones a Grunauer y le recordó que, si bien Guarderas fue el encargado de entregarle la Alcaldía, la herencia que recibió incluía contratos firmados durante la administración Yunda, incluyendo las cámaras de seguridad “que hacían lectura facial pero que no se conectaban con el sistema para que pudieran ser usadas”. Muñoz agregó que “si nuestro pecado ha sido querer rescatar esas alarmas para beneficio de la ciudadanía, ahora lo que haremos es ante el primer problema dar por terminado y allá la ciudadanía”.

De acuerdo con Muñoz y Mosquera, cuando asumieron sus cargos el contrato cuestionado estaba suspendido. El alcalde preguntó: “¿qué debíamos hacer? ¿Intentar rescatar las alarmas para beneficio de la ciudadanía o esperar un año para volver a empezar?”. Ambos dijeron que no se puede saber de forma definitiva lo que pasará con el contrato puesto que la contratista aún tiene tiempo para subsanar los fallos.

La Secretaría de Seguridad le envió a la empresa los puntos georreferenciados en donde debían ubicarse las alarmas y luego de que fueron instaladas, realizaron las pruebas. Al inicio solo el 30 % funcionaban pero, según su informe, al momento el 80 % de equipos operan de forma adecuada. 

Para el Alcalde, el haber iniciado la terminación unilateral propició que la empresa proveedora agilizara su trabajo. Así, espera que todo pueda ser solventado y evitar que los barrios que tienen alarmas comunitarias que sí están funcionando adecuadamente, pierdan el servicio y se queden sin el equipo durante el tiempo que tome hacer un nuevo proceso de contratación pública y concretar el servicio.

En ese sentido, Muñoz puntualizó que para ellos “no tendría que ser tan blanco y negro”, sobre todo en materia de seguridad, que es un tema que preocupa a la comunidad y que no es competencia del Municipio. Sin embargo, informó que está apoyando con la intervención de 108 Unidades de Policía Comunitaria.

Finalmente, Muñoz se comprometió a reunirse con Quito Honesto para revisar las observaciones y con Auditoría Interna. Por otro lado, dijo que solicitó al Consejo Provincial de Pichincha firmar un acuerdo de concurrencia y acordar los puntos en donde esa institución colocará alarmas comunitarias, para que se amplíe la cobertura y no se coloquen en donde ya existe el equipamiento. El plan es que, finalmente, se pueda ofrecer cobertura universal barrios regularizados.

Grunauer se defendió y dijo que no se trataba de politiquería, sino que se debía actuar técnicamente y “no solo por tapar baches”. Según su criterio, si una empresa ya acumula multas por más del 5 %, se demuestra que hay problemas con el contrato y que se debe mantener la vigilancia.

Las autoridades puntualizaron que se necesita un sistema de seguridad con un software integrador, porque lo que ahora opera en la ciudad son cámaras que trabajan por un lado y alarmas por otro.

Para el concejal Diego Garrido (Quito Vuelve), esta situación se debe evitar a futuro, pues si el contrato tiene tantos problemas es porque seguramente hubo un error al inicio, por no privilegiar especificaciones técnicas necesarias para que funcionen de forma adecuada las alarmas, sino el precio. “Necesitamos equipos que aporten para salvaguardar la seguridad”, dijo, y agregó que se deben hacer inversiones que den frutos y no contratos que por ahorrar nos provoquen conflictos.

La ciudad cuenta con 1.237 alarmas que estuvieron instaladas previo a la firma de este contrato.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!