Con banda musical, altoparlantes y un despliegue amplio de funcionarios municipales, el Cabildo entregó cinco alarmas comunitarias al sector La Mariscal, centro norte de Quito. Estas funcionarán los próximos días, tras concretar su instalación. Los moradores todavía no reciben capacitación y desconocen quién o cómo se podrá activarlas ante una emergencia.

Esta medida nació para mitigar el incremento de la delincuencia que se registra a diario en este sitio que por años fue considerado como la “zona rosa” de la ciudad y que tras la llegada de la pandemia su declive fue inminente.

Para la ciudadanía está en tela de juicio el nivel de efectividad para disuadir a los dueños de lo ajeno que generarán estos aparatos y asimismo, si por medio de ellos será posible recuperar la seguridad barrial.

Mesías Quilumbaquí, comerciante y propietario de un micromercado localizado cerca de la plaza Foch, comenta que estas acciones no combaten ninguna amenaza porque los antisociales no se amedrentan ante cámaras de seguridad, alarmas o cualquier otro tipo de dispositivo de seguridad.

“Es una burla esa instalación de parlantes, ni siquiera han capacitado a la gente para saber cómo se activan, pero ya hacen bomba de ello. La inseguridad es terrible. Los robos a personas se dan a diario. Incluso se ve cómo venden droga y las amenazas que recibimos tampoco faltan. Frente a nosotros había cinco locales recién abiertos, dedicados a diferentes actividades y en dos meses ya cerraron porque se metieron a robarles. La gente simplemente no lo soporta y se va”, relató.

Encontrar por doquier una larga fila de establecimientos comerciales desocupados es también una consecuencia colateral de la inseguridad de este inhóspito sector.

Cecilia Estrada, otra moradora, también es testigo presencial de los embates de la delincuencia. La mujer cuenta que la madrugada del viernes, el local de comida de un vecino que se ubica en su frente fue asaltado.

“No es el único caso. Hace unas semanas otro negocio también fue robado. En la redonda, al menos unos cinco locales fueron golpeados. Lo peor de todo es que tenemos un chat comunitario de vecinos donde está la Policía y por ahí se advirtió que había unos sospechosos, a bordo de un automóvil, frente al local que horas más tarde fue asaltado. La Policía no dio respuesta y dicho y hecho, a las tres horas se metieron”, agregó.

Esta mujer tampoco confía en los dispositivos audiovisuales o sonoros de seguridad y pese a que en su tienda tiene cámaras y otros recursos dice que los ladrones ya no tienen temor por quedar registrados.

“Nos cuidamos a la buena de Dios. Incluso intentamos generar la buena vecindad y cuidarnos entre los locales que están contiguos. Por unos meses funcionó, pero después, como ya se cerraron ya quedó en nada. Solo queda rogar que al amanecer no nos llevemos una mala sorpresa”, acotó.

Desde el circuito La Mariscal, Freddy Borja, mayor de la Policía Nacional, reconoció que es un secreto a voces lo que sucede en su jurisdicción, donde el robo a personas se sitúa en el primer lugar de los delitos, con 65 casos en lo que va del 2023, seguido de los robos a establecimientos comerciales.

Y también explicó que a partir de las alarmas comunitarias podrán reaccionar con más oportunidad ante los delitos.

“El tiempo de respuesta será de cuatro minutos. Tras sonar la alarma, la alerta llegará al ECU 911 y desde ahí se despachará a la unidad policial cercana. En todo eso el tiempo de espera será el señalado”, contó.

Para cada alarma comunitaria existirá un registro de hasta 250 personas, es decir, los vecinos y dueños de locales deberán inscribirse en el Municipio para que les instalen una aplicación en el celular, desde donde se encenderá la sirena.

Las personas que accedan a esto deberán ser parte de la comisión de Seguridad barrial, quienes serán capacitados por el presidente, quien a su vez recibirá la inducción por parte de las autoridades del Cabildo.