Saltos de video, falta de calidad en enfoques, discordancias en sellos de hora, inhibiciones en el sistema general de vigilancia, fallas continuas en los detectores de explosivos y tomógrafos y obstrucciones en las cámaras fueron algunos de los desperfectos que halló la Contraloría General del Estado en el sistema de seguridad del aeropuerto Mariscal Sucre de la capital.

El informe aborda el contrato de concesión del Aeropuerto Internacional de Quito, su operación, mejoras y mantenimiento , que la empresa Quiport mantiene con la urbe, y fue publicado a fines del año pasado. Este añade que, según los datos encontrados, los equipos de seguridad en el aeropuerto superan los ocho años de uso, y que sus reemplazos no fueron adquiridos con las exigencias técnicas del convenio.

El documento también determina que el consorcio no cumplió a cabalidad con la inversión de $ 10 millones en los dispositivos de seguridad, establecidos en el acuerdo, y que debía hacerse en sustitución de la contribución por la construcción de la vía Collas, que lleva hacia la terminal aérea.

Luis Galárraga, vocero de Quiport, indicó que hay discrepancias con los hallazgos del informe y aseguró que todos los equipos de seguridad del aeropuerto cumplen con la normativa técnica aeronáutica y han sido inspeccionados por la Dirección de Aviación Civil, de la Transportation Security Administration de Estados Unidos y la Canadian Air Transport Security Authority.

“El diseño del sistema de cobertura de videovigilancia, que contempla redundancia en las cámaras, permite cumplir con la seguridad en el aeropuerto y la vigilancia de los puntos claves de acceso...La seguridad del Aeropuerto de Quito no ha estado en riesgo”, dijo.

Agregó que de los $ 10 millones de inversión, la concesionaria podía demostrar que este monto sí se utilizó en la adquisición de equipos que se han “adquirido otros posteriormente que superan económicamente el compromiso del consorcio”.

Pese a ello, agregó que tras conocerse los hallazgos del informe, el consorcio ha tomado a consideración ciertas recomendaciones, entre ellas llegar a un acuerdo con la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales (EPMSA) para designar a peritos independientes que hagan una validación técnica y contable de los equipos de seguridad.

Esta última recomendación fue establecida dentro del documento al señalar que la empresa no “había presentado las facturas de los convenios de suministro de equipos”, cosa que no permitía comprobar su valor y la devengación de la inversión.

No se dieron fechas del proceso de revisión con los peritos.

En el informe, la Contraloría señaló que los supuestos desperfectos en el sistema de seguridad se conocían desde 2016, tanto por EPMSA como por el alcalde de ese periodo, Mauricio Rodas, pero que no se tomaron acciones inmediatas.

EXPRESO buscó a María Isabel Real, quien era titular de EPMSA en aquel periodo, pero no obtuvo respuesta. Así mismo, el exalcalde Rodas no respondió a mensajes y llamadas hechas a su celular.

A fines de 2019, cuando se conocieron los primeros hallazgos del documento, el concejo metropolitano pidió al alcalde Jorge Yunda que se tomen medidas “administrativas y judiciales, incluyendo la terminación del contrato” con Quiport.

El informe indica que una primera mesa de trabajo no logró llegar a acuerdos.

Este Diario solicitó una entrevista con Sandro Ruiz, actual titular de EPMSA sobre la situación de estas mesas de trabajo.

A través del departamento de comunicación de la entidad, este confirmó que “se está trabajando de manera consensuada en aspectos que permitan el mejoramiento de la calidad”, pero que los avances no se divulgarían “al ser información sensible”.