Hay faltas, proyectos, ordenanzas, resoluciones y sesiones cuantificadas. La Fundación Ciudadanía y Desarrollo analizó el trabajo del Concejo Metropolitano de Quito y encontró novedades que demuestran el trabajo -o la falta de él- dentro del gobierno local.

Uno de los datos que más llama la atención es la cantidad de ausencias del alcalde de Quito, Jorge Yunda, a la hora de votar por las ordenanzas y resoluciones que se ‘cocinan’ en el Municipio. De las 499 votaciones registradas entre el 14 de mayo de 2019 y el 31 de enero de este año, el funcionario no estuvo presente en 100. Es el segundo caso de mayores faltas.

El primer lugar se lo lleva el concejal de CREO, Eduardo del Pozo, con 102 ausencias a la hora de votar. En el otro extremo está el concejal por Unión Ecuatoriana, Marco Collaguazo. En el período analizado solo tiene una falta contabilizada.

No es el único dato. Uno de los puntos más notorios del informe de la organización no gubernamental -que también hizo exámenes similares del Concejo de Guayaquil y de su similar de Cuenca- es el número de pedidos de información que salieron desde las oficinas de los concejales. En el período analizado, se emitieron 885 solicitudes a las empresas públicas, secretarías, agencias y administraciones zonales de la capital.

De los 885 pedidos de información registrados, 780 se concentran en los despachos de cinco concejales. Son los funcionarios que más fiscalizan a la gestión de Jorge Yunda.

¿Quiénes son los concejales que acorralan a la administración local? Analía Ledesma, Andrea Hidalgo, Bernardo Abad, todos concejales que fueron electos por la Izquierda Democrática; Fernando Morales (Concertación) y Soledad Benítez (Compromiso Social) son quienes ‘empapelaron’ a las entidades municipales con preguntas, pedidos de rendiciones de cuentas y consultas varias.

Ledesma explica que ha emitido más de 288 solicitudes de información porque es la única vía para fiscalizar la gestión de Yunda y del resto de servidores municipales. Claro que, reconoció en conversación con EXPRESO, no siempre se recibe la respuesta esperada.

Por eso, dice, tiene a una persona pendiente de las respuestas en los plazos que establece la ley. Si no existe contestación, como es habitual, se eleva el reclamo hasta obtener una respuesta.

Con esos cuestionamientos se ha llegado hasta empresas municipales como Emaseo y la entidad dedicada a la Gestión de Residuos Sólidos (Emgirs). Según cuenta, con las presiones e insistencias necesarias se ha logrado prevenir irregularidades en la administración de bienes públicos.

Andrea Hidalgo coincide con Ledesma. Ella explica que las solicitudes “han permitido generar proyectos de ordenanzas, resoluciones y exhortar a las diferentes empresas a que mejoren sus servicios”.

Ella destaca, además, que la herramienta “permite contar con la data que te determina cómo vamos en la gestión”.

La fundación precisa, además, que el Concejo Metropolitano de Quito ha centrado su atención en las ordenanzas relacionadas al desarrollo urbano. De todas las resoluciones aprobadas, el 43,3 % está vinculado a esa temática. En la lista constan, además, Salud (8,2 %), Administración Pública (12,6 %), Educación (6,1 %) y Seguridad (5,6 %).