Concejo de Quito fiscalizará manejo de cámaras de videovigilancia

Con 11 votos a favor, el Concejo Metropolitano de Quito aprobó el 11 de agosto de 2026 una resolución para solicitar información y monitorear el Convenio Marco de Cooperación firmado entre la Empresa Pública Metropolitana de Logística para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana (Emseguridad) y el Ministerio del Interior.

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La resolución establece que Emseguridad deberá atender los pedidos de información que realicen los concejales y los organismos de control, dentro de sus competencias. Además, dispone que el convenio sea monitoreado durante cuatro meses y que, a partir de esa revisión, se determinen las acciones administrativas y de control que correspondan.

El Ministerio del Interior asume la videovigilancia

La decisión del Concejo se produjo un día después de que el Gobierno Nacional y Emseguridad suscribieran el convenio que modifica la forma en que se coordina el sistema de videovigilancia de Quito. El acuerdo contempla la incorporación de personal de la Policía Nacional a la Sala Situacional del Comité de Operaciones de Emergencia Metropolitano (COE-M), ubicada en el ECU 911.

El convenio abrió una discusión sobre quién manejará las cámaras, quién podrá acceder a sus imágenes y cómo se dividirán las responsabilidades entre el Gobierno Nacional y el Municipio.

El Ministerio del Interior anunció el 10 de agosto que asumirá el control del Centro de Cámaras del COE Metropolitano para integrar el sistema de videovigilancia municipal a las operaciones de la Policía Nacional.

El objetivo, según esa cartera de Estado, es fortalecer la prevención, respuesta, investigación e inteligencia frente al delito. También se prevé una integración progresiva de los sistemas de videovigilancia, monitoreo y plataformas tecnológicas administradas por Emseguridad con los mecanismos coordinados por el ECU 911.

632 cámaras distribuidas en distintos sectores 

El sistema cuenta con 632 cámaras distribuidas en distintos sectores de Quito. Estas ya operan desde el entorno del ECU 911 y ahora se incorporará personal policial a la sala desde donde se monitorean.

El alcalde Pabel Muñoz explicó que ese espacio no es utilizado únicamente para asuntos de seguridad. Allí también trabajan representantes de entidades municipales como la Agencia Metropolitana de Tránsito, Emaseo y la Agencia Metropolitana de Control.

Según Muñoz, las cámaras permiten detectar diferentes tipos de situaciones. Si se observa basura acumulada en una calle, por ejemplo, la alerta puede llegar a la entidad municipal correspondiente. Si se identifica un posible delito, la información se comunica al ECU 911 para coordinar la respuesta policial.

Muñoz ha insistido en que el Municipio debe mantener sus competencias sobre emergencias municipales y control del espacio público, mientras la Policía debe encargarse de las acciones que corresponden a seguridad y delitos.

La acusación al Municipio de Quito

El punto más polémico de la discusión fue la existencia de las denominadas “salas espejo”.

El ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que el Centro de Cámaras municipal tendría conexiones con “cinco o seis” de estos espacios. Además, sostuvo que después de que personal policial tomó el control del Centro de Cámaras el 10 de agosto se encontraron elementos que motivaron nuevas investigaciones.

Reimberg incluso señaló que podrían existir otras instalaciones desde las cuales se habría monitoreado el sistema de vigilancia de la capital y cuestionó la forma en que el Municipio manejaba el sistema.

"No existen las salas espejo"

Pero desde Emseguridad la respuesta fue diferente. Su gerente, Gaudelia Moreira, negó ante el Concejo la existencia de las “salas espejo”. Moreira explicó que las 632 cámaras están distribuidas en las 10 administraciones zonales de Quito.

La gerente también informó que Emseguridad se encuentra en un proceso de contratación para ampliar el sistema de integración y monitoreo. Sin embargo, tras el nuevo convenio, deberá solicitar al Ministerio del Interior autorización para adquirir esa plataforma. 

Lo que dicen los concejales

El concejal Adrián Ibarra respaldó la versión de Emseguridad y rechazó que haya existido un allanamiento o una toma de control del sistema.

Aseguró que las 632 cámaras continúan en el mismo espacio del ECU 911 y que el convenio responde a disposiciones nacionales. Ibarra también sostuvo que el resguardo de los datos fue ratificado por Moreira durante la sesión del Concejo. Sin embargo, consideró pertinente que la Contraloría u otras entidades puedan revisar el proceso para garantizar transparencia.

En cambio, el concejal Michael Aulestia planteó que la Contraloría General realice una auditoría sobre la administración y el acceso a los sistemas de videovigilancia, monitoreo y analítica de Emseguridad entre 2019 y 2026.

La revisión busca determinar quiénes han tenido acceso a los sistemas y bajo qué condiciones se ha administrado la información. La concejal Analia Ledesma planteó otra preocupación. A su criterio, la seguridad no puede convertirse en una disputa política y las cámaras deben estar al servicio de la ciudadanía.

El convenio debe tener reglas claras y transparencia

Recordó que Quito registró 264 homicidios intencionales en 2025, frente a 248 en 2024. Los homicidios relacionados con violencia criminal también aumentaron, de 179 a 204 casos. Ledesma consideró positivo que Gobierno y Municipio coordinen sus sistemas, pero señaló que el convenio debe tener reglas claras, controles y transparencia.

También recordó que el ECU 911 informó en enero de 2026 sobre la detección de 38 dispositivos de videovigilancia irregulares en el sur de Quito.

Para el experto en seguridad Max Campos, la participación de los municipios en la vigilancia de espacios públicos no es nueva. Explicó que desde administraciones anteriores se instalaron cámaras y alarmas comunitarias y que, con la creación del ECU 911 en 2012, estos sistemas comenzaron a coordinarse.

Campos añadió que las llamadas “salas espejo” pueden funcionar como espacios municipales para vigilar parques, calles y otros espacios públicos. Cuando se detecta un problema relacionado con las competencias municipales, intervienen los agentes correspondientes; si se trata de un delito, actúa la Policía mediante el ECU 911.

Para el experto, lo importante es que la coordinación no se convierta en una disputa política y que cada institución tenga claras sus responsabilidades.