Concejales cuestionan recorte de transporte en Quito y piden explicaciones al alcalde Muñoz

El anuncio del gremio de transporte urbano de operar desde las 08:00 hasta las 19:00, a partir de este 5 de mayo de 2026 desató cuestionamientos en el Concejo Metropolitano. Ediles consideran que la medida agrava la crisis de movilidad que enfrenta Quito.

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El concejal Wilson Merino solicitó que en la sesión de este 5 de mayo se declare en emergencia la movilidad en la ciudad. Argumentó que Quito registra una de las tasas más altas de siniestralidad y mortalidad del país, lo que vuelve urgente la adopción de medidas estructurales.

Además, calificó la decisión del gremio como una “amenaza” de los transportistas. Señaló que, pese a incumplimientos, como permitir la operación de conductores con cero puntos en la licencia, ahora buscan imponer horarios que afectan directamente a los usuarios. 

Añadió que, aunque el alza en los combustibles ha sido uno de los argumentos del sector, el servicio aún no cumple estándares de calidad y seguridad.

Por ello, Merino insistió en que la declaratoria de emergencia en la movilidad urbana y rural no debe considerarse una medida extrema, sino necesaria frente a la coyuntura actual.

"No se hizo nada en ocho meses" 

Por su parte, el concejal Fidel Chamba cuestionó la falta de planificación desde la Secretaría de Movilidad. A través de su cuenta en X, señaló que las autoridades tuvieron ocho meses para prepararse ante la eliminación del subsidio al diésel, sin que se haya presentado un plan concreto.

“Eligió el silencio. Eligió no hacer nada”, escribió Chamba en su cuenta de X, al tiempo que advirtió que la ciudad enfrenta ahora las consecuencias de esa inacción: miles de ciudadanos con dificultades para trasladarse hacia sus trabajos o regresar a sus hogares debido a la reducción del servicio.

El edil también solicitó que el alcalde Pabel Muñoz y el secretario de Movilidad comparezcan ante el Pleno del Concejo Metropolitano este 5 de mayo. El objetivo es que presenten un plan para sostener el sistema de transporte y detallen las medidas que se adoptarán frente a la reducción de horarios.

“Las familias no deben pagar la crisis”

Mientras que el concejal Andrés Campaña se pronunció en contra de un eventual incremento en la tarifa del transporte público y responsabilizó a decisiones del Gobierno Nacional y de la Asamblea por la situación actual.

Campaña recordó que en octubre pasado el Gobierno eliminó el subsidio al diésel, lo que provocó que el precio del combustible pase de $ 1,80 a cerca de $ 3. A su criterio, esta medida impactó directamente en los costos operativos del sistema de transporte urbano.

A este escenario se suma la reforma al Cootad, aprobada en febrero por la Asamblea Nacional, que eliminó la denominada “partida 78”. Esta disposición permitía al Municipio transferir recursos para sostener el transporte público, mecanismo que ya no está vigente.

“El peso de estas decisiones no puede recaer sobre las familias quiteñas”, enfatizó el edil, al rechazar que los usuarios deban asumir los efectos mediante un alza en el pasaje o una reducción en la calidad del servicio.