Autopista Rumiñahui: Residentes tildan de “ilegal’ el cobro del peaje

Han pasado tres meses desde que un grupo de moradores de los barrios colindantes a la autopista General Rumiñahui presentó ante la Corte Constitucional (CC) una acción de inconstitucionalidad contra el cobro del peaje en esa vía. Sin embargo, hasta este 23 de junio de 2025, no han recibido una respuesta.

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El malestar crece entre los residentes, quienes argumentan que el cobro es ilegal, inequitativo y que vulnera el derecho al libre tránsito. Un tramo de esta vía también conecta con el valle de Cumbayá y Tumbaco, en el oriente de Quito.

En marzo, acompañados por el concejal Fidel Chamba, representantes del colectivo “Fuera peaje, fuera” acudieron al edificio de la CC para ingresar la acción legal. Uno de los argumentos es que la Prefectura de Pichincha no tiene la competencia para ejecutar ese cobro en una zona que consideran urbana y, por tanto, de jurisdicción municipal.

“Más de 40 barrios están afectados. Este peaje no cumple con lo que establece el Código Tributario y se basa en una simple resolución de la Prefectura. Eso no es legal ni justo”, sostuvo Chamba, quien mantiene reuniones con los vecinos.

Residentes dicen que la autopista se encuentra en mal estado

El colectivo ciudadano ha sido uno de los principales articuladores de la movilización. Jordan Sandoval, uno de sus integrantes, denuncia que pese al cobro, la vía no cuenta con el mantenimiento adecuado, que hay barrios sin pavimentación y con poca o nula iluminación.

Para Sandoval, es insólito que para ingresar a su propia casa tenga que pagar y, además, considera que es un cobro injusto. Explica que, por ejemplo, si se viaja desde San Rafael no paga, pero si va desde el puente 3 hasta el 1, debe cancelar cada vez que entra y sale de su domicilio. “El sistema de cobro es arbitrario y no se notifican las pasadas; tampoco hay claridad en eso. Mucha gente se entera de multas cuando ya tiene coactiva”, expresa el morador.

Servicios que faltan en la General Rumiñahui

Rubén Suárez habita en el barrio Salvador Celi, cerca del puente 2 y a pocas cuadras del peaje. Para él, la General Rumiñahui ya no es una autopista sino una avenida con múltiples problemas. Recuerda que cuando una empresa privada estaba a cargo del dispositivo, contaban con auxilio mecánico, ambulancia y otros servicios. Sin embargo, ahora no tienen esa atención y cuestiona sobre el destino del dinero de la recaudación.

La demanda no solo fue ingresada a la Corte. También se presentó un oficio en la Defensoría del Pueblo, en donde se argumenta que el peaje está ubicado dentro del área urbana por lo que no debería existir y su presencia es una violación al derecho al libre tránsito. Esperan un pronunciamiento en 15 días con una medida cautelar.

¿Moradores pagan para entrar en sus casas?

Según estimaciones del colectivo, más de 300.000 familias se ven afectadas por el peaje. Además de las tarifas diarias que deben pagar, los usuarios enfrentan multas de hasta 400 dólares, de las que solo se enteran durante el proceso de inspección y matriculación vehicular, afirma Suárez.

“Dicen que somos evasores, pero ¿cómo vamos a cancelar algo si no hay transparencia? La Prefectura ha querido instalar más portales, incluso en el puente 2, alegando evasión. Pero lo que hay son abusos. No permitiremos que nos cobren por entrar a nuestras casas”, afirma Sandoval.

Los vecinos mantienen la presión mediante plantones, como los realizados en el puente 2. También organizan movilizaciones motorizadas por toda la autopista. Aseguran que continuarán estas acciones hasta que se elimine el peaje.

Acción en la Corte se mantendrá

Sobre la acción de inconstitucionalidad, la Prefectura de Pichincha dijo a EXPRESO que no ha recibido una notificación oficial de parte de la Corte y que no pueden pronunciarse al respecto. Por otro lado, sobre la instalación del pórtico a la altura del puente 1, la entidad señala que se busca evitar la evasión del pago de los 0,39 centavos en ese sector.

Para evitar el doble cobro de quienes circulan por Oyacoto, por ejemplo, la Prefectura menciona que el segundo pago se anulará, siempre que el paso sea en menos de 30 minutos. Tras la protesta de los moradores, esos trabajos se paralizaron.

Chamba asegura que el proceso en la CC sigue. “Sabemos que en dos semanas se calificará la admisión. Luego se designará un juez ponente y el caso podrá ser tratado en pleno. Por ahora, la jueza ya fue sorteada”. 

Mientras tanto, los moradores esperan. Tanto Sandoval como Suárez recalcan que el pago no se ve reflejado en obras ni en la autopista ni en los barrios aledaños e insisten en que el cobro es ilegal al ser una vía urbana.

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