La jueza de Pichincha, Irene Pérez, convocó para el próximo 29 de noviembre, a las 09:30, a la audiencia preparatoria de juicio en el caso del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio. El sicariato ocurrió la tarde del 9 de agosto a la salida de un mitin, en el norte de Quito.

Será el primer intento por instalar la diligencia en la que en primera instancia los abogados presentarán los vicios de procedimiento, procedibilidad y pedidos de nulidad, de considerar que existen méritos para eso. Si es que la jueza declara la validez de lo actuado lo siguiente será la sustentación del dictamen por parte de la Fiscalía. Luego de lo cual la jueza resolverá si es que llama o no a juicio a los involucrados

La jueza dispuso que la diligencia se realice de forma presencial en las instalaciones de la Unidad Judicial Penal. En la misma audiencia, por principio de concentración también se tratarán dos pedidos de revisión de medidas cautelares. La jueza pidió al Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) que en cumplimiento con las normas constitucionales vigentes, se tomen las medidas necesarias que permitan garantizar la integridad física y psicológica de los procesados privados de libertad. Ellos son Óscar Fierro y Víctor Flores. (Lea además: "La celeridad ausente en varios casos que perjudican al Estado")

La convocatoria y citación es para los 13 sospechosos que fueron investigados en el caso. Siete de ellos fueron asesinados en dos cárceles de Guayaquil y Quito el pasado 7 de octubre. La jueza señaló en su providencia que “Fiscalía es la institución titular de la acción penal pública, y es quien debe solicitar lo pertinente de existir alguna causal de extinción de la acción adjuntando los respectivos justificativos”. Eso operará para quienes fueron asesinados.

La jueza aceptó como partes procesales a Verónica Saráuz, viuda de Villavicencio y a las dos hijas del político asesinado quienes presentaron la acusación particular en el caso cuya investigación contó con la cooperación de agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI). El caso inició horas después del asesinato del periodista y excandidato tras la captura de seis sospechosos en distintos sectores de la capital. 

Posteriormente otros siete fueron vinculados al expediente. El principal sospechoso, quien disparó en contra de Villavicencio, murió por los disparos de uno de los policías presentes el día del crimen. Por este caso la Fiscalía abrió un expediente por posible asesinato extrajudicial. Se investiga en la Comisión de la Verdad junto con la denuncia que presentó una parte de la familia de Villavicencio por posible omisión dolosa que involucra al presidente Guillermo Lasso, al ministro del Interior Juan Zapata, al excomandante de la Policía Fausto Salinas, entre otros. Salinas y Zapata fueron llamados a dar una versión.

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