Latas retorcidas, piezas de motores, tubos de escape, llantas y manubrios de motos es lo que se observa en el piso de los Centros de Retención Vehicular, como los dos que funcionan en el antiguo aeropuerto Mariscal Sucre, junto al parque Bicentenario, en el norte de Quito. Allí, el Municipio se ha visto obligado a conservar chatarra que nadie reclama, junto a autos, buses, motos y camiones retenidos por diferentes infracciones de tránsito.

Entre los autos abandonados, hay incluso uno con placas del municipio colombiano de Palmira, en el centro del Bicentenario 1, y un Porsche Cayenne GTS que habría sufrido un incendio en su interior.

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Ante la gran cantidad de vehículos abandonados, en algunos rincones prácticamente ya no queda espacio para pasar junto a ellos ni abrir las puertas.

La situación es compleja porque, según la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), los centros de retención están al 140% de su capacidad. En condiciones normales podrían recibir 4.129 vehículos, pero hay una sobresaturación que llega a aproximadamente 9.900 en once centros de retención, en distintos puntos de la ciudad.

José David Recalde, director general de la AMT, explicó que la prioridad es que los dueños de esos vehículos se acerquen a pagar los valores pendientes y los retiren. Pero si no lo hacen, aquellos automotores que llevan tres años o más abandonados pasarán a un proceso de chatarrización.

Por ley, la AMT tiene la obligación de conservar los vehículos aptos para remate durante un año y aquellos que se considere deben chatarrizarse, por tres años. Sin embargo, estos procesos han estado represados debido a una parte del reglamento emitido por la Agencia Nacional de Tránsito, que los complicaba.

En noviembre, la entidad hizo una modificación que permite una inspección por lotes y no por cada vehículo. Por ello, se prevé que si los dueños no van por sus carros, se haga una convocatoria pública para una subasta e iniciar la chatarrización. La idea, dice Recalde, es que en mayo ya pueda concretarse este proceso, para el que están considerados alrededor de 5.000 vehículos.

Las empresas que quieran participar deberán garantizar que pueden cumplir con procesos técnicos que sean amigables con el medioambiente, para reducir el impacto. Eso incluye que detallen procedimientos que permitan desmantelar los automotores, de tal forma que las partes sean tratadas según el nivel de contaminación que puedan causar.

Por otro lado, la AMT está trabajando en un proyecto para que la ciudad pase de tener once Centros de Retención Vehicular a uno o máximo dos. Para ello, en octubre pasado se inició el traslado de vehículos desde el centro de La Y hacia el nuevo canchón, que está ubicado en Turubamba, en el sector de El Beaterio.

Ese plan estuvo en pausa, pero se retomará con el objetivo de que a fines de febrero, el patio de La Y quede completamente vacío. Paulatinamente, se hará lo mismo con los demás espacios: Las Cuadras 1 y 2, Carapungo, Gualaquiza, Río Coca, Rumichaca y Cumandá.

A esos centros, los autos retenidos llegaron por distintos tipos de infracciones. Unos por violaciones al Código Integral Penal: accidentes que han causado daños de consideración y heridos o fallecidos, o conducir bajo los efectos del alcohol, por ejemplo; o por incumplir ordenanzas municipales como la del Pico y Placa.

En el primer caso, quienes quieran retirar sus vehículos deberán probar que les pertenece y tener sus valores de infracciones y matriculación al día. Adicionalmente, tienen que pagar un costo de garaje por día, cuyo valor cambia según el tipo de automotor: $15 para extrapesados, $9 para pesados, $3 para livianos y $1 para motos.

Los propietarios deben recordar que, de no pagar los valores y retirar sus vehículos, pueden tener problemas porque las infracciones de tránsito se registran con el número de cédula.

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