José Yimaquiza ríe. “El bus no para, ¿qué va a parar?”, cuestiona risueño. La pregunta que lo entretiene es si alguna de las unidades en las que se moviliza a diario desde Carapungo, en el norte, a su trabajo en el sector de Solanda, al sur, frena cuando ve que ha superado el aforo de pasajeros permitido.

“A las horas pico, que es cuando más gente se sube, que vayan sentados es lo que menos les importa. Solo quieren hacer plata”, enfatiza.

Con el fin de evitar los abusos a la normativa, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) realiza un promedio de cuarenta operativos diarios, sobre todo en las zonas críticas, entras las que está La Marín, La Ofelia, Calderón, Cotocollao, la Morán Valverde, y los sistemas del Trole y la Ecovía.

Pero además de las dificultades para controlar todas las unidades que circulan por la ciudad, la entidad tiene dos problemas: no pueden sancionar a los conductores ni a las cooperativas, y no pueden obligar a los pasajeros que superen el aforo a bajarse del bus.

Así lo indicó Francisco Arauz, director de Fiscalización de la AMT. “Se les exhorta a los conductores que cumplan con la regulación porque es un tema de seguridad y de salud, pero es difícil porque es un tema social y nosotros no tenemos la potestad para exigirles que salgan de la unidad. Los conductores se excusan diciendo que se les complica contar el número de pasajeros. Como no podemos multarles, enviamos informes a la Secretaría de Movilidad, para que abra expedientes y determine las sanciones”.

El funcionario agregó que el aforo de cada unidad depende del tipo de bus y que el promedio es 90 pasajeros, por lo que debería llevar solo hasta 45 personas, mientras que para los biarticulados, con capacidad para 270 pasajeros, el límite es 130 personas paradas o sentadas. Hasta ahora, por incumplimientos con este máximo, se han enviado 120 informes. “Esta semana saldrán varios informes más”, comentó.

Pero Guillermo Abad, secretario de Movilidad, explica que la entidad tampoco tiene capacidad sancionadora, al menos no de la forma tradicional. “Las sanciones que podemos emitir son administrativas. Para esto hay que seguir un proceso, no se les puede multar directamente, sino que se les abre un ‘minijuicio’, que es lo que establece la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial”. Esto porque se trata de una infracción de transporte, no de tránsito”.

La normativa tampoco cuenta con la posibilidad de aplicar el aforo reducido, por lo que en teoría, las cooperativas que incumplen el mandato respecto al número de pasajeros, no están cometiendo un delito.

“El exceso de pasajeros se determina en base a una norma INEN, pero no hay precedentes para una pandemia, por lo que en la ley el aforo es del 100 %, y la disposición del 50 % es una disposición administrativa, no legal. Si van 75 personas y no 45, no están violando el aforo desde el punto de vista de tránsito, pero sí de transporte”, estableció.

Por ello, en este proceso la Secretaría de Movilidad presenta los informes de la AMT como pruebas, y luego las operadoras muestran evidencia a su favor. El descargo toma entre tres y ciento veinte días.

Al momento no hay cooperativas sancionadas, aunque Abad señala que sí se han abierto “varios procesos”, pero no especifica cuántos.

John Mistral, de la cooperativa Águila Dorada, considera que el aforo no se cumple por los propios pasajeros. “Van apurados, y se suben nomás, así uno les diga que esperen al próximo”. Este añade que la medida del aforo reducido ha generado un impacto económico en las cooperativas, que esperan que se reduzca el próximo año con un aumento del pasaje, que se discute actualmente en el Concejo metropolitano, y con el alza del máximo de pasajeros al 75 %.