Yasunidos logra recaudar más de 18.000 dólares para pagar multa del TCE

El colectivo Yasunidos informó el 14 de mayo que consiguió recaudar más de $18.000 para pagar la multa impuesta por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) a dos de sus dirigentes. 

La sanción, de $9.000 para cada uno, se originó tras una apelación presentada por la presidenta del CNE, Diana Atamaint, por supuestas irregularidades en los informes financieros de la campaña de la consulta popular sobre el bloque ITT del Yasuní.

La organización explicó que los fondos se obtuvieron mediante rifas solidarias, una “fiesta por la vida”, campañas de financiamiento colectivo y aportes de organizaciones nacionales e internacionales. 

Con este esfuerzo, buscan evitar lo que califican como una “escalada de hostigamiento” contra el colectivo y garantizar la continuidad de su labor en defensa del Yasuní.

Debate sobre la sanción y las inconsistencias

Yasunidos considera que la multa es “inconstitucional e injusta”, pues asegura que el caso se originó por una diferencia contable de apenas $0,39 en los registros financieros. En primera instancia, el tribunal había rechazado la denuncia, argumentando que una organización social no podía ser fiscalizada bajo los mismos parámetros que un partido político.

Sin embargo, tanto el TCE como el CNE sostienen que hubo omisiones en la rendición de cuentas, como la entrega tardía de reportes financieros, ausencia de documentos bancarios y tributarios, y falta de respaldos sobre el origen de aportes de terceros. Según la sentencia emitida el 7 de abril, estas inconsistencias vulneraron el principio de transparencia y justifican la sanción económica.

El colectivo insiste en que se trata de un acto de persecución política y que la medida afecta directamente a la estructura que impulsó la consulta popular del Yasuní, aprobada en 2023 para frenar la explotación del bloque ITT.

Acción extraordinaria ante la Corte Constitucional

Como respuesta legal, Yasunidos confirmó que presentó una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, con el objetivo de defender los derechos de sus miembros y garantizar la participación ciudadana sin represalias.

En su pronunciamiento, el colectivo enfatizó: “Aquí no se sanciona una infracción real. Se castiga la participación. Se castiga a quienes defendieron la naturaleza y enfrentaron los obstáculos del propio Estado”.

Mientras tanto, los voceros de la agrupación cuestionan que, pese al resultado de la consulta popular de 2023, el Estado aún no ha cumplido plenamente con la decisión ciudadana de detener la explotación del Yasuní.