Venta de bienes del IESS: las trabas detrás del plan de Noboa para dar liquidez al Seguro Social

El 28 de agosto de 2026, en Ecuador, el presidente de la República, Daniel Noboa, ordenó al titular del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Bernardo Cordovez, iniciar la venta masiva de los denominados "activos ociosos" de la entidad. La medida busca generar liquidez para costear pensiones y salud a través de predios valorados en cerca de 2.000 millones de dólares; no obstante, el proceso afronta complejidades jurídicas, catastrales y de gobernanza que perfilan la iniciativa como una salida apenas parcial a la crisis estructural.

La orden del Ejecutivo y el plan para obtener liquidez en el IESS

El anuncio oficial plantea enajenar terrenos, edificios y otros inmuebles en desuso que mantiene el Seguro Social. Con estos recursos, el Gobierno apunta a inyectar liquidez directa para respaldar dos de las áreas más críticas del sistema:

Pese al anuncio, la ejecución técnica de la venta aún no se concreta. Este Diario solicitó el catastro detallado de las propiedades y una entrevista con Bernardo Cordovez para esclarecer el cronograma; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

En declaraciones radiales previas, Cordovez precisó que la primera fase consistirá en actualizar el registro nacional de aproximadamente 1.400 bienes institucionales, una labor para la cual aún no existe un plazo definido. Como paso previo, el 21 de agosto el funcionario encabezó un encuentro con los directores provinciales del IESS con miras a coordinar dicho levantamiento técnico.

El debate jurídico y legal sobre las facultades del Consejo Directivo

La disposición presidencial abrió de inmediato una discusión sobre las competencias institucionales para enajenar el patrimonio de los afiliados. Henry Llanes, representante del Frente por un Nuevo IESS, advirtió que la potestad de venta no recae de forma exclusiva en el delegado del Ejecutivo.

De acuerdo con Llanes, cualquier decisión patrimonial exige un tratamiento colegiado y formal:

A estas limitaciones normativas se suma el entorno macroeconómico: en un escenario de desaceleración, encontrar compradores con la capacidad financiera necesaria representa una incógnita. Asimismo, Llanes cuestionó la administración estatal de estos fondos: “Los recursos del seguro social obligatorio no son del fisco... ¿Por qué el fisco interviene manejando recursos que no le pertenecen? Esos recursos son privados, de los trabajadores”.

Antecedentes y trabas legales: el estatus de los predios

Diego Salgado, exdirector general del IESS, calificó la desinversión de activos ociosos como una vía factible, aunque coincidió en que la medida requiere el aval del Consejo Directivo. A su vez, puntualizó que los montos recaudados no pueden destinarse al gasto corriente institucional, sino que deben reinvertirse con el fin de generar réditos financieros.

Salgado recordó que un intento similar se gestionó durante la presidencia directiva de Alfredo Ortega, bajo la administración de Guillermo Lasso, cuando se aprobó un reglamento de venta y se fijaron avalúos preliminares:

Un déficit previsional que supera el valor de los inmuebles

El economista Augusto de la Torre, quien lideró la comisión técnica de reformas al sistema de pensiones en el periodo de Lasso, cuestionó la efectividad de la venta de activos frente a los problemas financieros de fondo. El experto recalcó que la crisis responde a un desbalance estructural de solvencia en los fondos de Salud y de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

De acuerdo con el análisis técnico expuesto por el especialista:

De la Torre advirtió sobre los riesgos de liquidar el patrimonio sin un marco legal correctivo: “Sin reforma, vender activos equivale a quemar activos. Porque estás simplemente vendiendo activos que no te solucionan el problema de fondo”, concluyó el economista al referirse a la necesidad de tramitar la propuesta de reforma integral que elaboró la comisión técnica.