Traspié en la fiscalización a los GAD: cifras de Contraloría y Fiscalía no coinciden

Las cifras sobre los informes con indicios de responsabilidad penal (IRP) relacionados con la gestión de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) no coinciden entre la Contraloría General y la Fiscalía. Este 17 de julio de 2026, un representante del Ministerio Público compareció ante la Comisión de Régimen Económico a propósito del proceso de fiscalización sobre los informes emitidos por la Contraloría.

Lo que en un principio fue una alerta sobre más de 200 informes con indicios de responsabilidad penal se redujo a 60, según os datos presentados por  Israel Carrión, coordinador de Asesoría Jurídica de la Fiscalía. La entidad recabó información correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 10 de julio de 2026.

De acuerdo con la Fiscalía, la distribución de esos informes es la siguiente:

Los cuestionamientos en la Comisión

El proceso de fiscalización sobre los hechos relacionados con los informes de la Contraloría General del Estado que involucran a gobiernos autónomos descentralizados se inició tras una resolución del Pleno de la Asamblea Nacional. 

La decisión se sustentó en información proporcionada por la propia Contraloría, que daba cuenta de más de 200 informes con indicios de responsabilidad penal.

La correísta Mónica Alemán fue la primera en cuestionar los datos. “La resolución (del Pleno) hablaba de 206 IRP’s”, recordó. A la vez, insistió en que la Asamblea no tenía facultad para fiscalizar a los GAD, sino a otras funciones del Estado. 

También sugirió modificar la resolución, ya que la cifra anunciada no coincidía con la información presentada por la Fiscalía.

Sobre ese punto, la presidenta de la mesa, Nathaly Farinango (ADN), señaló que no existe ningún error en la resolución, pues se elaboró con base en la información entregada por la Contraloría. 

Añadió que justamente esa era la finalidad de la fiscalización: profundizar en los hechos relacionados con esos indicios de responsabilidad penal.

Por su parte, el delegado de la Fiscalía insistió en que la institución inicia una investigación por cada uno de los informes que recibe de la Contraloría. Agregó que, respecto de la cifra entregada por el ente de control, corresponde a esa entidad aclarar las diferencias.

Al finalizar la sesión de este 17 de julio, una de las conclusiones fue solicitar a la Contraloría una explicación sobre lo que habría ocurrido con el resto de los informes con indicios de responsabilidad penal. 

El también oficialista Adrián Castro recordó que un mismo informe puede contener varios indicios de responsabilidad penal.