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Diario Expreso Ecuador

Terremotos en Colombia y Venezuela: ¿Qué reformas prepara Ecuador para las viviendas?

La Asamblea Nacional debate cambios a la Ley de Vivienda de Interés Social tras los recientes terremotos en Colombia y Venezuela

Asamblea debate reformas a viviendas tras sismos en Colombia y Venezuela, para reforzar la seguridad.

Asamblea debate reformas a viviendas tras sismos en Colombia y Venezuela, para reforzar la seguridad.ASAMBLEA NACIONAL

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

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Lo que debes saber

  • Asamblea debate reformas a viviendas tras sismos en Colombia y Venezuela, para reforzar la seguridad.
  • Asambleístas proponen más controles a constructores durante la reforma de vivienda social en Ecuador.
  • El segundo debate evaluará prevención de riesgos y mapas de amenaza para nuevas viviendas.

Los recientes terremotos registrados en Colombia y Venezuela han llevado a la Asamblea Nacional a centrar parte del debate sobre vivienda social en la seguridad de las construcciones. 

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Aunque la reforma a la Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social ya se tramitaba antes de estos eventos, los daños observados en ambos países han impulsado propuestas para endurecer los controles técnicos y fortalecer la prevención de riesgos en Ecuador.

Durante el primer debate del proyecto, legisladores de distintas bancadas coincidieron en la necesidad de revisar los estándares de construcción aplicables a las viviendas destinadas a los sectores más vulnerables. 

La discusión surgió en un contexto marcado por la destrucción de miles de viviendas e infraestructura tras los sismos ocurridos en los países vecinos.

Más controles para constructores

Una de las propuestas planteadas en el Pleno apunta a reforzar la responsabilidad de los promotores inmobiliarios. El asambleísta independiente Pablo Jurado sostuvo que los desastres naturales ponen a prueba la calidad de las edificaciones y propuso que los constructores asuman compromisos más estrictos respecto a las condiciones técnicas de las obras.

La iniciativa busca que los proyectos de vivienda social no solo cumplan requisitos documentales, sino que incorporen mecanismos de control que permitan determinar responsabilidades en caso de fallas estructurales.

Prevención de riesgos entra al debate legislativo

Otro de los ejes de discusión es la incorporación de herramientas de gestión del riesgo dentro de la planificación urbana. El vicepresidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Cristian Benavides, señaló que el informe para segundo debate deberá priorizar sistemas de prevención y una mayor coordinación con los municipios para disponer de mapas de riesgo actualizados.

Los planteamientos también incluyen revisar la ubicación de los proyectos de vivienda social. Algunos legisladores consideran que estos desarrollos no deberían concentrarse únicamente en zonas periféricas, sino integrarse a áreas urbanas con acceso a servicios y menores niveles de vulnerabilidad.

Ecuador tiene normas antisísmicas, pero persisten desafíos

El debate ocurre mientras expertos recuerdan que Ecuador ya cuenta con la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC), que establece criterios de diseño sismorresistente. Sin embargo, el principal desafío sigue siendo el cumplimiento efectivo de esos parámetros técnicos, especialmente en edificaciones informales.

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Representantes del sector de la construcción han advertido que una parte importante de las viviendas se levanta sin pasar por todos los procesos de control y supervisión requeridos, lo que podría aumentar la vulnerabilidad frente a futuros terremotos.

El proyecto de reforma a la Ley de Vivienda de Interés Social continúa en trámite legislativo y deberá incorporar observaciones presentadas durante el primer debate antes de regresar al Pleno. 

¿Qué cambios plantea la reforma?

  • Mayor seguridad en los proyectos: las viviendas de interés social deberán incorporar criterios que contribuyan a la prevención del delito y la convivencia. Para ello, las autoridades de vivienda y seguridad deberán coordinar con los municipios desde el diseño y la ubicación de los proyectos.
  • Información pública sobre terrenos disponibles: se busca formalizar los bancos de suelo, que reunirán datos jurídicos, catastrales, territoriales, urbanísticos, técnicos y ambientales de los predios que podrían destinarse a vivienda social. Esta información deberá estar disponible públicamente. La propuesta de transparentar estos instrumentos ya formaba parte del análisis legislativo.
  • Más criterios para prevenir riesgos: las nuevas viviendas deberán construirse considerando las normas técnicas vigentes, la planificación territorial y los mapas oficiales de amenazas. También tendrán que incorporar criterios de prevención, mitigación y resiliencia frente a riesgos naturales y antrópicos.
  • Plazos definidos para aprobar proyectos: la propuesta establece 10 días para que el municipio entregue el informe previo y otros 10 días para la precalificación. Luego se contemplan 20 días para registrar los planos y obtener la licencia de construcción y otros 20 días para la calificación del proyecto.
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