Terremotos en Colombia y Venezuela impulsan cambios a la Ley de Vivienda en Ecuador

La Asamblea Nacional abordó el 12 de agosto el informe para primer debate de una reforma a la Ley de Vivienda de Interés Social, una propuesta que complementa la normativa económica urgente aprobada en marzo sobre esta materia, según la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN).

El tratamiento del proyecto cobró especial relevancia después de los terremotos registrados en Venezuela y Colombia, cuyos efectos dejaron viviendas e infraestructura destruidas en ambos países.

Aunque la reforma ya se encontraba en trámite antes de estos eventos, los daños observados en los países vecinos trasladaron parte de la discusión legislativa hacia la prevención. De cara al segundo debate, varios asambleístas plantearon reforzar las exigencias relacionadas con la seguridad y la gestión de riesgos en la construcción de viviendas, incluidas aquellas destinadas a programas de interés social.

Asambleístas plantean mayores responsabilidades para los constructores

Pablo Jurado, asambleísta independiente y exalcalde de Ibarra, sostuvo que los terremotos y otros desastres naturales terminan poniendo a prueba la calidad de las construcciones de las ciudades y advirtió que sus consecuencias afectan especialmente a las poblaciones más vulnerables.

“Se deben incluir artículos donde seamos más radicales en exigencias, para que no solo sea una declaración responsable la del promotor (constructor), sino que tenga que hacer una declaración juramentada y se haga responsable de los problemas o consecuencias que puedan derivarse cuando técnicamente se cometan errores”, señaló Jurado.

El planteamiento apunta a incrementar la responsabilidad de los promotores sobre las condiciones técnicas de las edificaciones y las posibles consecuencias derivadas de errores durante su construcción.

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Prevención de riesgos entra en el debate de la reforma

Por su parte, el vicepresidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Cristian Benavides, reconoció que uno de los aspectos que deberá priorizarse para el informe de segundo debate es el fortalecimiento de los sistemas de prevención de riesgos.

Según el legislador, para alcanzar ese objetivo será necesario profundizar el trabajo con los municipios y contar con mapas de riesgos actualizados para cada ciudad. Benavides también cuestionó la idea de que los proyectos de vivienda social deban ubicarse necesariamente en zonas periféricas y alejadas de los sectores centrales de las ciudades.

Desde la bancada de Revolución Ciudadana, el asambleísta Roque Ordóñez señaló que no se opone al proyecto de Vivienda de Interés Social, pero cuestionó que la propuesta se concentre principalmente en reducir trámites y acelerar los permisos de construcción.

La bancada correísta también sostiene que tanto la ley económica urgente enviada por el Ejecutivo y aprobada por la Asamblea como la reforma actualmente en discusión podrían favorecer una mayor participación privada en la construcción de viviendas de interés social.

La normativa aprobada en marzo establece, entre otros incentivos, que los contribuyentes que donen viviendas de interés social podrán acceder a una rebaja equivalente al 100 % del valor de lo donado. El beneficio podrá aplicarse al impuesto a la renta desde el período fiscal 2026 hasta 2029.

Viviendas sociales deberán incorporar criterios de resiliencia

La presidenta de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Lucía Pozo, aseguró que la reforma incorpora mayores disposiciones relacionadas con la gestión y prevención de riesgos.

“Las viviendas que se construyan con carácter de interés social deben diseñarse y ejecutarse con criterios de prevención, mitigación y resiliencia frente a riesgos naturales. La vivienda de interés social no tiene que ser sinónimo de pobreza”, afirmó la asambleísta de ADN.

¿Qué cambios plantea la reforma a la Ley de Vivienda de Interés Social?

Entre las modificaciones que plantea la reforma se encuentran:

Edificaciones antiguas concentran uno de los principales desafíos

Aunque el debate legislativo se concentra en las reglas para la construcción de viviendas de interés social, la vulnerabilidad sísmica del país abarca un problema más amplio.

José Luis Esteban Penelas, doctor arquitecto y catedrático de Arquitectura de la Universidad Europea, considera que Ecuador ha avanzado en normativa y tecnología sismorresistente, pero advierte que una de las principales tareas pendientes está en las construcciones antiguas.

El especialista identifica como especialmente vulnerables aquellas edificaciones levantadas antes de la normativa sismorresistente vigente, así como las construidas mediante procesos de autoconstrucción o sistemas que no cumplen plenamente con los estándares técnicos actuales.

Según Penelas, un terremoto de gran magnitud podría tener consecuencias particularmente graves sobre este tipo de estructuras. En contraste, los edificios diseñados bajo la normativa vigente cuentan con mejores condiciones para responder a un evento sísmico debido, entre otros factores, a criterios de flexibilidad estructural y al empleo de materiales de alta resistencia, como el acero y el concreto.

A 10 años del terremoto de Manabí, el académico reconoce avances importantes. Entre ellos menciona el fortalecimiento de la Norma Ecuatoriana de la Construcción, mayores exigencias técnicas, la obligatoriedad de estudios geotécnicos y la incorporación de tecnologías como disipadores de energía y sistemas de amortiguación.

Estas herramientas pueden mejorar la respuesta de las estructuras frente a los movimientos sísmicos. Sin embargo, el desafío, según el experto, es conseguir que las edificaciones del país se ajusten progresivamente a los estándares actualizados.

Guayaquil enfrenta desafíos particulares por las características de sus suelos

La vulnerabilidad sísmica tampoco es uniforme en todo Ecuador. Las características del suelo, la antigüedad de las edificaciones y los sistemas utilizados para construirlas modifican los niveles de riesgo entre ciudades.

En Guayaquil, Penelas identifica como un factor relevante las características geotécnicas de los terrenos próximos al río. Los suelos blandos requieren soluciones específicas de cimentación, como los pilotajes, que adquieren especial importancia frente a movimientos sísmicos de gran intensidad.

La infraestructura esencial representa otro de los desafíos. Según el académico, una parte de los hospitales, colegios y otros edificios públicos de la Costa fue construida antes de la normativa actual y no necesariamente ha recibido los reforzamientos estructurales requeridos para responder ante un terremoto de gran magnitud.

En el caso de los puentes, Penelas diferencia entre las estructuras recientes, que incorporan estándares antisísmicos y tecnologías más avanzadas, y aquellas de mayor antigüedad. El riesgo, explica, se concentra especialmente en puentes antiguos pertenecientes a redes viales secundarias que podrían no cumplir las especificaciones sismorresistentes vigentes.

Para el especialista, Ecuador debe reducir progresivamente la brecha entre las construcciones nuevas y su parque inmobiliario antiguo. Esto implica fortalecer los controles y estudios de suelo, pero también identificar las edificaciones existentes con mayor vulnerabilidad y priorizar el reforzamiento de infraestructura crítica, cuya operación resulta indispensable después de una emergencia.