Terapias de conversión y derechos humanos: el vacío entre ley y realidad de los Lgbtiq+ en Ecuador

Tiembla. Respira hondo. Se acaricia la muñeca al recordar. Ángel —nombre protegido— revive en detalle el día en que, hace casi un año, cinco hombres irrumpieron en su casa y se lo llevaron por la fuerza al centro en donde le aplicaban una 'terapia de conversión'. Incluso subieron a TikTok el video del supuesto “rescate”.

Tenía 30 años y estaba con su pareja cuando ocurrió, en la propiedad de sus padres, ubicada en Pusuquí, norte de Quito. Durante el trayecto, de más de una hora, permaneció amordazado y con los ojos cubiertos. Logró ubicar referencias del lugar al que lo trasladaban, vio las letras del parque de La Merced, en Los Chillos.

Su destino: una supuesta fundación que ofrecía (ofrece aún) tratamiento para consumo problemático de drogas. Pero, según su testimonio, también operaba como un espacio de prácticas de “conversión”, prohibidas en Ecuador.

Las 'terapias de conversión' están prohibidas

Aunque están prohibidas, esas clínicas se mantienen; el rol de Acess

En el país, la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud (Acess) junto con Fiscalía y la Policía debe vigilar a esos centros. EXPRESO pidió datos, informalmente se indicó que no había clausuras ni denuncias.

Ángel se anima a relatar lo que vivió para que las autoridades actúen. Del lugar del que escapó y que aún funciona —recuerda— cuatro casas de ladrillo con rejas. Lo ubicaron en la cuarta, con tres habitaciones y un baño. Fue llevado a un sitio con literas, en donde convivían internos de distintos perfiles. 

Lo intimidaron con insultos sobre su orientación sexual. Les dijo que no consumía nada, que ser un hombre gay no es un delito. Supo que su madre les cancelaba alrededor de $ 300 mensuales.

El COIP sanciona con prisión a quienes ofrezcan estas terapias 

Efraín Soria, de la Fundación Equidad, reitera que los intentos de modificar la orientación sexual o identidad de género están tipificados como tortura en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), artículo 151, numeral 3, con penas de 10 a 13 años de prisión.

El caso de Ángel expone a centros, cuyos métodos de “rescate” (irrupción en casas) se promocionan en redes sociales. Eso pese a que los lugares para tratar adicciones deben contar con la aceptación firmada del paciente, incluso de los menores de edad.

El psicólogo le repetía que él no es un hombre gay

En la quinta noche, en La Merced, Ángel no soportó que lo escupan, lo insulten y que alguien se quiera meter en su cama y trató de cortarse las venas con una afeitadora. Solo le pusieron limón y sal, lo golpearon con tablas en las piernas. 

Su plan de ser llevado de emergencia a un hospital no funcionó. Tampoco sirvió, semanas después, inventar dolores y acceder a atención externa en un centro, en donde afirma, los doctores ignoraron sus pedidos de auxilio.

Al psicólogo del lugar, le dijo que no hizo nada malo, que solo es gay. Él le repetía que no es cierto. “No eres amanerado ni te vistes como mujer, solo quieres vengarte de tus padres”. Un día, en medio de los sermones diarios que oían hasta las 22:00, oyó a una familia reprochar a un interno porque “perdió la herencia, mató a dos trabajadores y violó a su hijo”.

No sabe si será cierto, pero a quien llamaban “tera” (terapista) no se le escucha en TikTok como un profesional; aparece en las transmisiones incluso con chaleco antibalas en los “rescates” (secuestros). En la Fundación Equidad lo acogieron y guiaron para denunciar ante la Fiscalía a sus padres.

Los avances se detuvieron, dice Efraín Soria

Efraín Soria dirige Equidad. En junio del 2019, con el apoyo de Pakta, él y su pareja, Javier Benalcázar, consiguieron que la Corte Constitucional le dijera sí al matrimonio civil igualitario. 

El 31 de agosto de este 2026 cumplirán siete años de casados. Sin embargo evidencia un estancamiento en cuanto a avances para la población Lgbtiq+ (lesbianas, gais, bisexuales, trans, intersexo y queer).

Así, por ejemplo:

A Efraín Soria le preocupa además el presidente estadounidense, Donald Trump, y sus políticas hacia la diversidad sexo-genérica. En esa línea también opina Edgar Zúñiga, de la Red Ecuatoriana de la Psicología por la Diversidad. Pide recordar el caso de Rick, víctima de bullying homofóbico en un colegio de Guayaquil.

El Proyecto Transgénero les ofrece una IPA

Nua Fuentes, de Proyecto Transgénero, comenta que la sociedad civil no se da abasto con los pedidos de apoyo. Les ofrecen la herramienta IPA (Identidad Personal Autentificada), que se tramita en una notaría y permite que chicos y chicas trans sean nombrados con su nombre cultural en los colegios. 

Como a Zúñiga, Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE) le han contactado, ha brindado charlas. Nua Fuentes dice que son más vulnerables al abandono escolar.

La conquista de derechos de la población Lgbtiq+ es irreversible. Pero ciertos avances son declarativos y pesan posiciones neoconservadoras.Édgar Zúñiga/ Red Psicología por la Diversidad

Cada 28 de junio se conmemora el Día del Orgullo. En Ecuador, los avances se han estancado. ‘Terapias de conversión’ prohibidas se ofertan como “rescates”